El etiquetado “contiene OGM” debe aplicarse a todo producto alimentario de origen vegetal o animal así producido. Los mismos no podrían ser etiquetados como naturales.
En esta columna nos hemos referido a las vacunas COVID-19 desde que se flexibilizaron en Europa requisitos previos a los ensayos clínicos como OGM -Organismos Genéticamente Modificados- y MGM -Microorganismos Genéticamente Modificados- y otros en relación con la producción, aprovisionamiento, circulación, transporte y comercialización, a partir del Reglamento UE 2020/1043.
Este llamativo gesto lo es puesto que se trata de un continente en el cual las exigencias en cuanto a los productos OGM son de las más elevadas, por ejemplo, en Francia existe la prohibición de este tipo de cultivos, y además los productos OGM no pueden ser para consumo humano.
Tratándose de los alimentos, siendo nuestro país un gran productor de commodities de este tipo, llama la atención la ausencia del reclamo del etiquetado “contiene OGM” por parte de los sectores ecologistas. Actualmente los productos certificados orgánicos son seguros de no contener transgénicos, y otros alimentos convencionales pueden contenerlos por contaminación o por ser éstos parte de los mismos. Recordando una nota* (siendo los autores funcionarios de la Dirección de Promoción de la Calidad y de la Oficina de Biotecnología Agropecuaria) sobre los “Alimentos transgénicos y la información al consumidor”, en cuanto hace a normas subnacionales de nivel provincial y municipal en relación con este tipo de etiquetado, por tratarse de cuestiones que involucran el comercio interjurisdiccional e internacional, en ésta se define que se trataría de una materia a ser tratada en el Congreso de la Nación. Con lo cual, normas de este tipo, serían irrazonables siendo la regla de la razonabilidad una garantía constitucional. Por otra parte, los OGM “por la aplicación del concepto de la equivalencia sustancial no ofrecen ninguna diferencia en lo referido a la salud y seguridad con sus contrapartes convencionales”. Así, los argumentos de un proyecto de ley para este tipo de etiquetado, el S-3667/2010**, son demolidos fáctica y jurídicamente, según la situación de los transgénicos en nuestro país.
En noviembre de 2012 fue notorio el plebiscito en California para el etiquetado de OGM, el cual finalmente fue definido con el no. No obstante, la Proposition 37 (The California Right To Know Genetically Engineered Food Act), rechazada por el 51,4% de los votos, es un antecedente interesante en cuanto a qué es lo que promueven este tipo de iniciativas y porqué son resistidas.
De acuerdo con el artículo*** “The case of Prop 37”, la raíz de esta iniciativa era que los consumidores tienen el derecho de saber si la comida que compran es producida utilizando ingeniería genética, la cual manipula el ADN o transfiere ADN de un organismo a otro. El etiquetado OGM sería entonces aplicado a todo producto alimentario de origen vegetal o animal así producido, y tales productos no podrían ser etiquetados como naturales. Estos simples criterios, no obstante, fueron confrontados a ciertas excepciones, que hizo, además de los esfuerzos de las grandes multinacionales del sector que se habrían visto perjudicadas, que el proyecto no prosperara.
Sin embargo, desde enero 2022****, en USA será obligatorio el cumplimiento del National Bioengineered Food Disclosure Standard -NBFDS-. Las compañías con ventas anuales mayores a los 2,5 millones de USD deberán etiquetar como “bioengineered” alimentos, bebidas y suplementos que lo sean. El departamento de Agricultura de Estados Unidos -USDA- dispone una lista de productos considerados labelizables -Bioengineered Foods list-, la cual puede ser revisada anualmente o actualizada con los procesos adecuados cuando sea necesario.
Es de notar que el USDA determinará también, caso por caso, el etiquetado de los productos editados genéticamente (Gene editing/CRISPR, aquéllos en los cuales los cambios en el ADN pueden ser realizados en la misma especie sin introducir ADN de otras especies).
No obstante, esta directiva tiene también sus detractores, como anteriormente la Proposition 37. Por una parte, la ley define los alimentos intervenidos biotecnológicamente como aquéllos que “contienen material genético detectable que ha sido modificado a través de ciertas técnicas de laboratorio y que no pueden ser creados a partir de crecimiento convencional o encontrados en la naturaleza”. Estas consideraciones, por obviedad, no han tranquilizado a los sectores que exigen un etiquetado OGM estricto. También han provocado el rechazo de sectores (los opuestos) que opinan que estas medidas confundirían a los consumidores y provocarían la desconfianza en las marcas y en la tecnología.
El punto es que, del lado ecologista, una demanda***** ha sido opuesta por el tema crítico de la detectabilidad en tales productos, la nomenclatura (desacuerdo con la no utilización de las habituales siglas GM/OGM, reemplazadas por “bioengineered”), el modo de implementación de la labelización (via códigos QR por ejemplo), etc.
El asunto es pronto, hay una disintonía entre las grandes compañías y las otras a las cuales puede ser aplicable esta regulación de pronta exigibilidad. Mientras tanto, nos queda ver desde nuestro país, también relacionado con esta problemática, aunque tal vez no enfocado en ella, qué medidas se tomarán al respecto, para los sectores involucrados, y tal vez esto genere la reacción de sectores proclives a esta temática, que viene siendo descuidada con argumentos oficiales en desfavor. Que este país gran productor de transgénicos avance en este aspecto, con más o menos críticas, plantea el interrogante de qué van a hacer los otros, que permitieron la invasión de esos productos, cuyas consecuencias ambientales son conocidas.
Referencias:
* Alimentos “transgénicos” e información del consumidor
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/revistas/nota.php?id=436
** Proyecto de Ley S-3667/10
*** The case of Prop 37
**** Many stakeholders not yet up to speed on NBFDS, say experts
***** GMO labeling: USDA “bioengineered” labeling rules are unlawful, argues lawsuit
