Es un grupo de trabajadores y trabajadoras de Salta que emitieron un comunicado para respaldar el proyecto de ley.
“Desde este lugar estamos comprometidos/as a dejar de ser barreras en el acceso a la salud sexual y (no) reproductiva, sacando de la clandestinidad nuestras prácticas, garantizando abortos legales, seguros y gratuitos cumpliendo con las leyes vigentes, e incidir en la formación de profesionales respetuosos/as de los derechos de las personas y el desarrollo de políticas garantistas de la salud”. Así se explaya un comunicado de la Red de Profesionales de la Saludpor el Derecho a Decidir de Salta.
A contramano de quienes se han despachado en contra de practicar abortos en el sistema de salud pública, incluso con amenazas de tortura por el no uso de anestesia (como es el caso del anestesista de La Rioja que fue echado de su lugar de trabajo), trabajadores y trabajadoras del área de la Saludimpulsaron una campaña de respaldo al proyecto que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que llegará al Senado en los próximos días.
La red local de profesionales está inmersa, a su vez, en la Red Nacional de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Sostienen que “los equipos de salud somos responsables para la efectiva implementación de la interrupción legal del embarazo” por lo cual debemos “prevenir y evitar daños a la integridad física y psíquica de quienes acuden al sistema de salud, ya sea tanto en el ámbito público como privado”.
La misiva puesta en circulación por las y los profesionales de Salta ratifica el compromiso por acatar las leyes constitucionales en su rol dentro del área de la salud, refiere a “la necesidad de sacar nuestras prácticas de la clandestinidad y denunciar cada vez que tomemos conocimiento de alguna vulneración de derechos a usuarios y usiarias en materia de salud sexual” y apunta que es el Estado el que debe hacerse cargo.
Además de traer a la sociedad un baño de realidad con posturas y datos que alarman, esclarecen que también hay profesionales comprometidos con la causa, a diferencia de quienes han optado por pronunciarse en contra, a pesar de que el proyecto haya sido discutido democráticamente.
“Según el programa de estadísticas del Ministerio de Salud, en Salta durante el año 2016 se registraron 2954 casos de egreso hospitalario por aborto y 1430 durante la primera mitad de 2017, de los cuales 526 y 249 respectivamente corresponden a niñas y/o adolescentes menores de edad”, señalan. Y agregan que en el país se realizaron 522 mil abortos por año, “datos obtenidos de un subregistro”, ya que la práctica es clandestina y no permite recabar datos.
“Es el Estado el que debe asegurar los derechos de niñas y adolescentes tomando la representatividad legal en forma idónea, para asegurar sus derechos y protegerlos, sin pernear sus intervenciones con sesgos morales y religiosos de ningún tipo”, sintetizan desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Salta.