Gustavo Farquharson reconoció que “los ex combatientes se convirtieron en un colectivo muy discriminado y vulnerado en sus derechos” y enumeró las medidas de reparación y resarcimiento que impulsa el gobierno nacional.
Sin eufemismos, el delegado en Salta del INADI, Gustavo Farquharson, reconoció que “al volver de la guerra, los combatientes de las Islas Malvinas se convirtieron en un colectivo muy discriminado y vulnerado en sus derechos”.
“Fue una guerra injusta a la que las autoridades que asaltaron el gobierno del país enviaron a muchos jóvenes conscriptos y militares para sostenerse en el poder” indicó y enfatizó que “durante la guerra, la dictadura siguió siendo dictadura y eso fue revelado por muchos soldados que denunciaron maltratos, castigos aberrantes, abusos y torturas por parte de los militares al mando”. “Esos abusos aberrantes también fueron sufridos por las mujeres que participaron, como enfermeras y personal de apoyo, en el conflicto bélico y eso confirma que la dictadura no dejó de ser dictadura ni siquiera durante la guerra” amplió.
En su habitual columna por la igualdad y la inclusión y contra la discriminación y el racismo en el programa “Cuarto Oscuro” de FM La Cuerda 104.5, Farquharson informó que “por toda esta situación de abandono, maltrato y discriminación, el Estado implementó desde hace unos años políticas reparatorias” y destacó que “una de esas políticas, por ejemplo, es la conformación de un apartado especial para los ex combatientes en el Plan Nacional contra la Discriminación”.
“Debemos reconocer que todavía, 40 años después, tenemos un deuda con los ex combatientes que sufrieron muchas injusticias” consideró el funcionario nacional y recordó que “además de los 649 caídos en combate, hay al menos 450 que se suicidaron al volver al continente por no tener la contención psicológica y de salud que requerían”.
Finalmente, el funcionario nacional señaló que “frente a esta situación de injusticia y discriminación, desde el gobierno estamos impulsando leyes y medidas de reparación para garantizar la cobertura médica y psicológica de los ex combatientes a través de las Fuerzas Armadas y no del PAMI (obra social de jubilados y pensionados), el resarcimiento económico para todos los que participaron del conflicto incluidos los que prestaron servicio militar en el continente, la inclusión en los alcances de las leyes reparatorias a las víctimas del Terrorismo de Estado de los ex soldados y un beneficio extra a la pensión para aquellos veteranos que hubiesen resultado heridos y/o sufrieren secuelas físicas o psicológicas a consecuencia de su participación en la guerra”.
