Así lo indica un relevamiento realizado entre los departamentos Rivadavia y San Martín en el chaco salteño. Solo el 15 por ciento de las familias campesinas criollas se encuentran habitando tierras fiscales.
El relevamiento realizado por referentes del campesinado provincial abarcó la zona que se extiende desde Salvador Mazza (departamento San Martín) por la ruta nacional 81 pasando por Santa Victoria Este y Capitán Pagé (departamento Rivadavia). Se relevaron 400 familias y los datos consignados incluyeron el nombre del puesto, el paraje donde se ubica, la situación de cada poseedor, el nombre de titulares registrales y si la tenencia está judicializada o no.
De las 400 familias relevadas, solo el 15% se encuentra en tierras fiscales. “En el resto del departamento no hay tierras estatales”, declaró a la sección local del diario Página 12 Viviana Segovia, representante de la Asociación Campesina Criolla de Pluma de Pato, una organización de base del Frente Nacional Campesino (FNC). Segovia también destacó al mismo medio que en el caso de los 85% restante la gente “ni sabe de quién es [la tierra] en algunos casos”.
Los mecanismos empleados por el campesinado para el relevamiento incluyo la utilización de un GPS para obtener cada ubicación, pero al carecer de un sistema de datos, mapas y planos con catastros incluidos resulta imposible determinar la propiedad de las tierras. Ello podría lograrse con el apoyo de la Dirección General de Inmuebles, aunque los y las campesinas no logran acceder a un sistema que le ayude a rastrear a los titulares registrales. “La identidad de los titulares registrales sería necesaria para acceder a una negociación para regularizar la propiedad que se disputa entre poseedores y titulares registrales” destacó el medio citado.
Segovia informó que los resultados del informe fueron presentados ante la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) que debe acompañar el proceso de regularización de tierras del campesinado. Tal regularización de tierras se inició hace 13 años con la Ley 7658 que también contempla la suspensión de desalojos del campesinado hasta tanto se logre ordenar la propiedad de las tierras.
