Por primera vez se tratará un caso sobre el derecho de los pueblos a territorios ancestrales.
Este jueves a las 11.30 de nuestro país, los representantes de más de noventa comunidades indígenas serán escuchados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso contra el Estado argentino.
Desde 1984, estas comunidades reclaman el reconocimiento y la titulación de sus tierras ancestrales, en nuestra provincia. Son más de diez mil personas que viven de la caza, la recolección, la agricultura y la pesca y que durante años se vieron forzadas a modificar sus usos y costumbres. El ganado de las familias criollas, los alambrados y la tala ilegal afectan severamente su forma tradicional de vida.
El CELS, que participa activamente en la causa, informó que hace décadas se pide un título único sin subdivisiones internas a nombre de todas las comunidades indígenas que habitan los ex lotes fiscales 55 y 14 del departamento Rivadavia. «Ante la falta de respuesta del Estado argentino, en 1998 la Asociación Lhaka Honhat hizo una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2012, la Comisión Interamericana dictó su informe de fondo, en el que declaró la violación de los derechos de las comunidades y dispuso las reparaciones correspondientes. El incumplimiento del Estado determinó que el caso fuera presentado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 14 de marzo será el momento de los alegatos de cada una de las partes. En los meses siguientes, la Corte tomará una decisión que el Estado argentino deberá cumplir», informó el organismo de derechos humanos en un comunicado difundido este miércoles.
«En todo este tiempo, el Estado no les otorgó el título único de propiedad comunitaria. Aunque muchas veces se comprometió a formalizar su reconocimiento, incluso dictando normas jurídicas, hasta hoy ni siquiera completó la demarcación y delimitación de los territorios ancestrales. Tampoco hizo las obras necesarias para trasladar a las familias criollas y al ganado fuera del territorio indígena. El tiempo transcurrido ha puesto en peligro la forma de vida de las comunidades», agregó.
En la actualidad, en la Argentina, muchas comunidades indígenas reclaman por sus territorios ancestrales sin que el Estado garantice sus derechos. No existe un mecanismo institucional que garantice la titulación de los territorios indígenas y el derecho a la consulta libre, previa e informada.
«El caso Lhaka Honhat puede ser un hito: es el primero en la Corte IDH sobre el derecho de los pueblos indígenas a su propiedad ancestral en nuestro país. Además, no hay antecedentes ante la Corte IDH que impliquen una disputa territorial como la que involucra a las 400.000 hectáreas que reclaman las comunidades. Por eso, pedimos a la Corte IDH reparaciones estructurales que podrían significar un antes y un después para la realidad de los pueblos indígenas en la Argentina», finalizó el CELS.
