En un artículo titulado “Argentina podría ayudar al mundo convirtiéndose en exportador de litio”, The Economist analiza las posibilidades del país en cuanto al recurso que se utiliza para las baterías de los vehículos eléctricos y teléfonos móviles.
“Más conocidos por la inflación de tres dígitos y por criticar al Fondo Monetario Internacional, funcionarios argentinos lanzaron una ofensiva de encanto a Washington DC y Londres con un mensaje de aliento: el sector minero está abierto para los negocios”, indica la publicación.
El optimismo se basa en que el precio del carbonato de litio pasó de un precio promedio en los últimos cinco años de US$ 14.000 por tonelada a más de US$ 80.000 durante 2022. La consultora Benchmark Mineral Intelligence, prevé una demanda 2,4 millones de toneladas en 2030, en comparación con alrededor de 600.000 toneladas este año. “Todo esto significa que ha comenzado una lucha mundial por el metal. Argentina podría beneficiarse”, establece The Economist.
El artículo establece diferencias entre Argentina y los otros dos países que conforman el “triángulo del litio”: Bolivia y Chile. En estos dos últimos, el estado juega un papel preponderante a la hora de fomentar las inversiones en su extracción.
“El litio no se considera un recurso estratégico en Argentina. El estado juega un papel pequeño. En cambio, la constitución otorga a las 23 provincias del país el derecho de administrar minerales en sus tierras y otorgar concesiones a empresas. Una ley de 1993 otorga exenciones tributarias a las empresas mineras y establece que sus emprendimientos no pueden enfrentar nuevos impuestos por un período de 30 años a partir de la fecha en que presenten un estudio de factibilidad al gobierno federal. Las regalías tienen un tope de 3%, en comparación con el 7-40% en Chile”, señala The Economist.
Y agrega: “Las leyes mineras de Argentina fueron aprobadas durante una breve ventana de reformas de libre mercado. Son difíciles de cambiar porque la constitución delega el poder a las provincias, que controlan el Senado. Los gobernadores de las tres provincias del noroeste que albergan el litio de Argentina (Salta, Catamarca y Jujuy) no tienen miedo de oponerse al gobierno. Esperan que la inversión extranjera pueda ayudar a sus provincias a crecer. El Banco Mundial estima que, en el mejor de los casos, la producción y el procesamiento de litio podrían aumentar el pib y los ingresos fiscales de esas provincias en un 10%”.
Las proyecciones optimistas podrían chocar contra «algunos problemas que persisten», como los conflictos con las comunidades indígenas que viven en las tierras donde se extrae el litio. “Estos han retrasado proyectos en Bolivia y Chile, y han cerrado otras minas en Argentina”.
A eso se agrega que “las bajas tasas de regalías de Argentina podrían significar que la mayoría de las ganancias terminen en bolsillos extranjeros en lugar de en las arcas del Estado, lo que podría generar una reacción política negativa”.
“Y los políticos argentinos podrían empañar el entusiasmo de los inversionistas. La compañía petrolera estatal se ha diversificado recientemente en el litio; el gobierno federal podría tratar de darle acceso privilegiado sobre las empresas privadas. Los controles de exportación más estrictos podrían detener la producción”, añade el artículo.
