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La patota policial | El grupo de tareas salteño de la dictadura militar de 1976

Fueron muchos los hechos y personajes que ensombrecieron nuestra historia durante ese periodo, aunque una banda de comisarios y oficiales desplegaron la sádica práctica de la tortura y el asesinato de los luchadores salteños. (D.A.)

El entonces Coronel Carlos Alberto Mulhall y el Capitán de Navío Héctor Damián Gadea son los nefastos nombres que ensombrecieron la historia salteña en los meses iniciales de la dictadura. El primero era Jefe de la Guarnición Ejército Salta al momento del Golpe del 24 de marzo de 1976; el segundo sería designado como gobernador en abril de ese año por el dictador Jorge Rafael Videla. Juntos protagonizaron el periodo más virulento de la represión en la provincia. Fueron el símbolo de eso que Domingo Sarmiento denominaba el “Mal sin Pasión” para referirse a quienes planifican el exterminio desde la comodidad de una oficina. Asesinos de escritorio que siempre precisan de los dispuestos a mancharse las manos con sangre y cuyo campo de acción fueron centros clandestinos de detención, baldíos donde dinamitaban prisioneros, domicilios de las y los secuestrados a los que saqueaban o salas de torturas donde experimentaban para multiplicar el dolor ajeno.

En Salta hubo un grupo de comisarios y oficiales de la policía provincial que ocuparon un rol destacado al respecto. Pasaron a la historia negra de la provincia como la “patota policial”, se formó durante la dictadura que gobernó al país entre 1966 y 1973 y volvió a prestar macabros servicios en la otra que se inauguró en 1976. Virtom Modesto Mendíaz, Roberto Federico Livy (Delegado de la Policía Federal de Salta), Vicente Abel Murúa, Misael Sánchez, Ángel Echenique, Luís Pastrana, Sergio Amaya, Antonio Saravia, Tomás Lira, Ignacio Toranzos, Héctor Trobatto, Roberto Arredes son algunos de los nombres y apellidos que formaron parte de grupos de tareas permanentemente al servicio de las dictaduras en la provincia.

Municipalidad de Salta

Difícil recrear la historia negra de cada uno de ellos. No tenemos más remedio que sintetizar los muchos pliegues del sadismo en una persona: el entonces Inspector General Joaquín Guil, Director de Seguridad de la Policía de la Provincia desde octubre del 74. Insistamos: Guil no fue el único represor, pero la mayoría de quienes sufrieron la represión en Salta lo identifican como el portador patológico del mal, el torturador por excelencia. Él y sus “muchachos” tuvieron una relación precoz con la tortura. Fue detenido en julio de 1973 por apremios y torturas a militantes montoneros apresados tras una frustrada toma de una finca de Ampascachi en octubre de 1972. En la denuncia que esos militantes realizaran tras el retorno de la democracia en mayo de 1973, señalaban a los comisarios y oficiales Toranzos, Pastrana, Amaya, Saravia, Luna, Trobatto, Murúa, Tacacho, Lira y al propio Guil como sus torturadores.

No fue el único caso en el que el apellido Guil aparece asociado a esas prácticas. También quedó registrado en una publicación de mayo de 1973 titulada “Proceso a la explotación y represión en la Argentina”. Se editó en plena primavera camporista, cuando las organizaciones populares creyeron que tras el triunfo electoral de Héctor Campora en la nación y Miguel Ragone en Salta – el 11 de marzo de 1973 – el cielo estaba al alcance de las manos. Entonces el Foro de Buenos Aires por la Vigencia de los DDHH quiso ajustar cuentas con los crímenes de la dictadura que se inició con Onganía en 1966 y culminó con Lanusse en 1973. Publicó 222 páginas de testimonios de personas y organizaciones que habían padecido un tipo de represión brutal luego opacada por la brutalidad mayor de los grupos de tareas de 1976.

En ese libro del 73 fue denunciado por el metanense Antonio Villanueva, detenido en Salta en 1972: “… me llevaron directamente a la central de policía y allí me recibe el Oficial Pastrana, quien me da los primeros golpes al tiempo que me pregunta por mi dirección. Me llevaron a una pieza donde está el inspector jefe de la policía de la provincia, creo que se llama Joaquín Guilly, y este me golpea en el estómago hasta tirarme al piso. Después me desnudaron y con mi pañuelo me vendan los ojos mientras me amenazan violarme. Tras nuevos golpes me ponen los pantalones hasta las rodillas, me obligan a ponerme en cuclillas y con algo que se parece a un aerosol me rocían con ácido los genitales y el ano. Me suben los pantalones (‘para que no se vaya el gas’ dicen) y me sostienen para que me quede quieto. Debido al dolor termino por soltarme y me arrastro por el suelo. Me levantan tirándome de los pelos y me golpean en el estómago durante una hora aproximadamente. (…) A las cuatro y media de la mañana llega la Federal y se va la Policía provincial” (pp. 151-152). Cuatro años después, el 14 de octubre de 1976, Villanueva fue secuestrado en Buenos Aires, engrosando desde entonces la lista de desaparecidos.

Joaquín Guil, mientras tanto concentraba poder policial en la provincia comandando “La Patota Policial” que retomaba la persecución a militantes políticos. El objeto de esas prácticas era que sus víctimas hablen, delaten y traicionen mientras ellos, torturando, se entregaban a una fiereza y un sadismo sin retorno. Con la llegada de Miguel Ragone al poder en mayo de 1973, los miembros de la “Patota” fueron detenidos a partir de testimonios de presos políticos. Un año después es liberado, aunque sigue procesado por el delito junto a otros seis comisarios y oficiales. La liberación, sin embargo, se explicaba por el cambio radical del escenario político: la primavera camporista en donde la revolución parecía estar al alcance de las manos había concluido; Perón ya había bendecido a lo peor del peronismo para escarmentar al “zurdaje”; el escarmiento se recrudeció tras la muerte del viejo líder el 1 de julio de 1974; Miguel Ragone era hostigado diariamente mientras Joaquín Guil recuperaba en octubre de ese año su condición de Director General de Seguridad desde donde empieza a reestructurar toda la fuerza.

En noviembre de 1974 Guil recibe el empujón final cuando el gobierno de Miguel Ragone es intervenido por orden de una Partido Justicialista que ya estaba a merced de quienes identificaban comunismo con todo lo que poseía aroma a progresismo. Ragone era cosa juzgada para ellos y en Casa de Gobierno (Mitre 23) desembarca José Mosquera. Era un cordobés que había cumplido funciones similares en su provincia cuando, con la misma lógica, Perón la intervino para deshacerse del gobernador y el vicegobernador relacionados con la “tendencia revolucionaria”. Mosquera venía a disciplinar y tras condenar al ostracismo político a Ragone desata un proceso que los medios presentarían como “operativos antisubversivos” en Capital, Orán, Güemes o Tartagal. Al frente de los mismos figuraba siempre Joaquín Guil que desde entonces y hasta diciembre de 1975 consigue “recuperar” para la fuerza policial a la mayoría de los secuaces de la “Patota”.

Luego la historia es más conocida y más macabra aún. Los torturadores de la dictadura de Lanusse a principios de los años setenta sumaron a su sádica inclinación la práctica del asesinato y la desaparición de personas, tal como hicieron con el propio Miguel Ragone a quien secuestraron, asesinaron y desaparecieron. Por esa causa y otras cuatro relacionadas con delitos de lesa humanidad, Joaquín Guil carga con cinco condenas a prisión perpetua. Como muchos otros genocidas, gozó del beneficio de prisión domiciliaria que supo incumplir para escarnio de las militantes de los organismos de derechos humanos de la provincia quienes, con su lucha incansable, lograron enjuiciar y encarcelar a los símbolos del mal.

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