En una columna repleta de datos empíricos que dan fuerza a las generalizaciones, el Licenciado en Física salteño pinceló la historia negra del producto y sus impactos en el país y en nuestra provincia*.
Desde los años 80’ – cuando la Revolución Verde nacida en EEUU y exportada al resto del mundo cambió el paradigma de la producción de alimentos mediante la mecanización, la introducción de variedades genéticamente modificadas, la incorporación de pesticidas y fertilizantes y la homogenización de variedades – la cantidad de litros de agrotóxicos que se aplican en todo el país ha aumentado sin cesar. Esto, a pesar de que Monsanto, entre otras empresas, aseguraba que su consumo se reduciría con la utilización de sus semillas.
Según las Cámaras de empresas de agrotóxicos, en 1990 se aplicaron 38 millones de litros en todo el país, mientras que en 2018 eran más de 500 millones de litros. Si bien aumentó la superficie cultivada en poco más de 50% (de 20 millones de hectáreas a 32 millones), el aumento del consumo de agrotóxicos es mayor al 1000%, y esto ocurrió porque este modelo de producción es dependiente de químicos, porque tanto las malezas como los insectos se adaptan o acostumbran a los agrotóxicos con que los atacan y al cabo de pocos años ya no sufren el mismo daño ante su fumigación, lo que implica necesariamente cada vez mayor necesidad de aplicación de agrotóxicos. También, el sistema de producción basado en el monocultivo genera una clara dependencia con la aplicación de agrotóxicos, para mantener los rindes.
La Red Internacional de Acción en Plaguicidas (PAN) tiene registro de al menos 299 químicos peligrosos. El 42 por ciento de ellos (126 de esos productos) se utilizan en Argentina. Casi la totalidad (123) se utilizan en actividades agrarias y en “línea jardín” (uso domiciliario). Estos productos se expenden bajo diferentes nombres comerciales, que varían la forma de presentación y la empresa fabricante. Como ejemplo vemos a los herbicidas glifosato, atrazina y paraquat (utilizados en cultivos de soja, maíz, tabaco, entre otros), los insecticidas cipermetrina, clorpirifos, fipronil e imidacloprid (utilizados en hortalizas, frutales, maíz) y los fungicidas benomil y carbenzazin (fundamentalmente en hortalizas).
El docente de la UBA Javier Souza Casadinho publicó recientemente una investigación sobre el uso en Argentina de plaguicidas altamente peligrosos. El informe indica que 107 productos que se usan en nuestro país están prohibidos o no autorizados en otros países, en muchos casos en los mismos países que los producen. Y de ese total, 36 -es decir el 33%- son plaguicidas altamente peligrosos (PAP) según los criterios establecidos por la OMS y la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO).
Tristemente, somos el país con mayor consumo de agrotóxicos por habitante del mundo, según datos de 2016 del SENASA, el 98% de las peras, el 84% de las manzanas, el 94% de los limones, el 44% del tomate, el 42% de la rúcula, tienen residuos de agrotóxicos. Incluso el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la UNLP detectó contaminación con glifosato en algodones y gasas medicinales, al igual que en hisopos, paños femeninos y tampones.
Esto tiene consecuencias preocupantes en la salud. Según un estudio publicado en 2019 en el British Medical, en madres expuestas al glifosato y clorpirifós el riesgo de trastornos en el desarrollo intelectual de sus hijos, problemas de aprendizaje y autismo es tres veces mayor al del grupo control.
En Argentina el Senasa, categoriza la peligrosidad de los agrotóxicos según la clasificación denominada “Dosis Letal (DL) 50”, que mide la toxicidad aguda de un producto en base a la dosis con la que muere el 50 por ciento de una población de animales de laboratorio. Nada establece sobre las intoxicaciones crónicas, por ejemplo cuando las personas de una comunidad están expuestas a dosis pequeñas por largos periodos de tiempo o sometidas a distintos tipos de plaguicidas que se aplican durante meses o años.
En Salta, hace unas pocas semanas, la apicultora Adelaida Vallejos denunció la gran mortandad de abejas que encontró en su finca ubicada sobre la Ruta Provincial 5, a siete kilómetros de la ciudad de Pichanal. Acusó que la pérdida de 130 colmenas fue ocasionada por agrotóxicos que aplicaron en el predio más cercano a sus tierras.
Entonces, debemos preguntarnos, ¿Esta manera de producir, con lo que implica para la salud y el ambiente, es la única posible?
El Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular, con actividades a lo largo y ancho del país viene exigiendo el fomento a la Agroecología y a la Agricultura Familiar como políticas de estado, y el fortalecimiento de las escuelas rurales para fomentar el arraigo en el campo. Es el “otro campo”, que nada tiene que ver con la mesa de enlace y el lock out de los últimos días.
*Fuente: artículos de Página 12, El Cohete a la Luna, entre otros.