En junio de 2003, tres patovicas asesinaron a un adolescente de 19 años en el boliche Puerto. La Policía estaba involucrada. Qué sucedió después para que se regulara una actividad que era casi sinónimo de abuso, discriminación e impunidad.
No se sabía bien qué había sucedido. Las luces de un boliche, la oscuridad y la gente amontonada en escasos metros sin control estricto perjudicaban la capacidad de análisis de los hechos. Pero había un muerto. Y los muertos no caen del cielo ni vienen en promoción con un trago en balde y ticket de vaso.
El crimen de Carlos Jaime tuvo participación policial en un hecho de la noche salteña pre Cromañón que sirvió como caso testigo para regular la actividad de los patovicas a nivel nacional, cinco años después.
Todo sucedió en la madrugada del 23 de junio de 2003 en el boliche Puerto, ubicado en Jujuy casi San Martín. Allí adentro, Jaime, de 19 años, estaba con un grupo de amigos. La versión simple asegura que se pelearon con otros chicos adentro del local y que fueron interceptados por los patovicas, que los sacaron por la fuerza. Una fuerza que resultó extrema, porque Carlos Jaime no aguantó y murió. En la autopsia se determinó que presentaba al menos tres hematomas en el cráneo que le provocaron la muerte. Era padre soltero de un bebé de seis meses.
Un mes después, la Secretaría de Gobierno disponía la clausura definitiva de Puerto Mega Disco. “El boliche había sido clausurado preventivamente el 27 de junio, luego de los incidentes ocurridos el 22 en los que falleció el menor Carlos Jaime. De las investigaciones surgió que el local registraba ‘numerosas irregularidades e incumplimientos insalvables, que a criterio de la Secretaría de Gobierno ameritan la clausura definitiva’. Por otra parte, el local no cumple con las exigencias edilicias básicas para desarrollar la actividad comercial, no cuenta con los planos aprobados, los sanitarios resultan insuficientes para la capacidad del local, no cuenta con certificado de seguridad expedido por el Cuerpo de Bomberos, no tiene señalizadas las salidas de emergencia, y carece de Certificado Ambiental Municipal”, informaba ruraldesalta.org.ar.
Qué pasó
“La muerte de Carlos Daniel Jaime, de 19 años, producto de la brutal golpiza a la que lo sometiera personal de seguridad del boliche Puerto Mega Disco de Salta se suma a una larga lista de hechos de violencia en locales bailables. Esa dolorosa tendencia obliga a formularnos como sociedad un interrogante tan obvio como lacerante: ¿cuántos más casos de jóvenes muertos o gravemente lesionados deben registrarse hasta que los responsables de evitar, o al menos prevenir estas situaciones, se pongan a pensar o a hacer algo concreto con relación a esta problemática específica?”, se preguntaba el diario Clarín el 9 de julio de ese año.
El matutino porteño, en un artículo del 29 de junio titulado “Tres patovicas quedaron detenidos por el crimen de un joven en Salta”, informaba sobre los hechos: “’Los custodios que protagonizaron la golpiza están identificados y los testigos coincidieron en que fueron los tres detenidos quienes golpearon a Jaime y a dos de sus amigos en el interior del local Puerto Mega Disco de Jujuy y San Martín’, dijeron las fuentes. Para los investigadores no hay dudas de que Jaime murió por la brutal paliza a la que fue sometido por los patovicas. Todos los testigos que declararon en la causa identificaron a los agresores como personal de seguridad del boliche, perteneciente a la empresa de seguridad privada ‘Grupo de Temple’. Los testigos relataron que fueron los custodios quienes a trompadas sacaron a Jaime y dos de sus amigos porque en el interior del local habían peleado con otro grupo. Quienes al parecer pelearon con Jaime y sus amigos en el boliche, fueron identificados como integrantes de la Plaza Gurruchaga. Según fuentes judiciales, el encargado de la empresa de seguridad a la que responden los patovicas declaró ante la justicia y dio el listado de empleados que trabajaron en el boliche la noche en que mataron a Jaime. De acuerdo con una versión, los patovicas que trabajaron en Puerto Mega Disco eran cinco, y según otra versión, eran ocho”.
“Lo que las fuentes no precisaron hasta hoy es si algunos de los tres detenidos es policía”, finalizaba el artículo.
El diario Hoy, de La Plata, era otro de los medios que levantaba la información repetida y repetida en todas las redacciones del país: “En Salta no existe una reglamentación que prohíba a los policías actuar como agentes de seguridad en boliches bailables”.
El 2 de julio, La Nación informaba que el secretario de Seguridad, comisario general (R) Jorge René Silisque, había relevado a los jefes del área de personal adicional en el marco de las investigaciones por la muerte de Jaime.
“El sumario abierto procura determinar si el servicio de Policía Adicional permite que personal de la fuerza realice trabajos de custodias nocturnas que deben ser autorizadas por la dependencia respectiva. Al parecer, un oficial realizaba las destinaciones, por lo que se dispuso su relevo, como también de la tarea de custodia en la Gobernación”, explicaba el periodista Carlos Pastrana en ese periódico porteño. Y agregaba: “Los testigos identificaron a quienes llevaron al joven y así desde el fin de semana el juez de Instrucción Formal de la V Nominación, doctor Luis María Agüero Molina, con la Brigada de Investigaciones, dispuso detener a un menor de 17 años que participó en una gresca previa; al oficial principal César Castillo, a cargo de la vigilancia externa; al agente Carlos Flores, quien trabajaba ‘en negro’, y los custodios Sixto Gustavo Gutiérrez, de 31 años, y Jorge Antonio Delgado, de 36, de la agencia de seguridad privada Grupo de Temple, a cargo de la vigilancia de la disco. (…) ‘Todos los policías pueden realizar tareas adicionales, pero para ello deben contar con la autorización del servicio que funciona en la Unidad Regional’, explicó Silisque. Según informaron fuentes judiciales, el magistrado Agüero Molina sospecha que los efectivos que cumplían tareas de policía adicional encubrieron a quienes golpearon a Jaime”.
Según los testigos que presenciaron lo ocurrido esa madrugada, el efectivo Carlos Flores había sido una de las personas que golpearon a Jaime.
“Fuentes judiciales determinaron que, a pesar de que no figuraba en la lista de personal asignado como adicional, Flores, en sus francos de servicio, trabajaba en negro como custodio de la agencia de seguridad privada contratada por Puerto Mega”, completaba La Nación. «Flores trabajaba en negro para la empresa encargada de la seguridad. Todo indica que el día de los hechos el agente estaba como policía adicional», aseguraba Silisque.
Años después, la ley
Como reflexionaba el artículo de Clarín de 2003, eran varios para ese momento los hechos similares al de Jaime que se habían sucedido en distintos puntos del país.
El 7 de mayo de 2008, casi cinco años después del crimen de Puerto Mega, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto del Poder Ejecutivo que regula la actividad del personal que controla la admisión y permanencia en los lugares de entretenimiento.
“La flamante ley crea un registro único para la inscripción de personas que realizan ‘tareas de control de admisión y permanencia de público en espectáculos musicales, artísticos y de entretenimiento’. Dicho registro funcionará en la órbita del Ministerio del Interior. La norma establece, además, que no podrán ser guardias de las discos las personas que hayan sido condenadas por delitos de lesa humanidad; las que se encuentren en actividad y revisten en las Fuerzas Armadas, penitenciarias, de seguridad e inteligencia o que hayan sido condenados con penas superiores a los tres años. El personal de control de admisión y permanencia estará obligado, además, a exhibir una credencial donde consten nombre, apellido, foto y número de habilitación profesional otorgado por el Ministerio del Interior o por la autoridad de aplicación de cada jurisdicción, según corresponda. Debido a la especialidad de las tareas por desarrollar, los trabajadores se encuadrarán en tres categorías: controlador, controlador especializado y técnico en control de admisión y permanencia. Para obtener cada categoría, el controlador tendrá que aprobar un curso con materias que apuntan especialmente a la comunicación no violenta, derecho penal y constitucional, derechos humanos, seguridad en siniestros y primeros auxilios”, explicaba el artículo.
