El historiador Carlos Abrahan aseguró que la represión ilegal “comenzó en el interior de Argentina y después llegó a Buenos Aires”. Los datos de la brutalidad en la provincia: cómo, dónde, cuándo y cuántos.
El historiador salteño Carlos Abrahan aseguró que, contrario a lo que muchas veces se piensa, la represión ilegal comenzó en el interior de Argentina y después llegó a Buenos Aires. “Antes del inicio de la última dictadura, en 1975 se registraron hechos represivos en el norte del país como el ‘Operativo Independencia’ en los montes de Tucumán, en Córdoba y en Rosario” indicó y añadió que “en Salta, por ejemplo, el ex gobernador Miguel Ragone fue secuestrado y desaparecido antes del 24 de marzo”.
El docente e investigador explicó que “la represión fue sistemática y abarcó a todo el territorio nacional y en Salta comenzó en 1975, durante el gobierno democrático, con asesinatos de militantes de izquierda y dirigentes obreros” y precisó que “el mismísimo 24 de marzo de 1976 se registraron 70 detenciones de dirigentes gremiales y políticos que fueron torturados”.
“El 25 de marzo se producen 46 detenciones en Salta Capital, 57 en el Regimiento del Monte de Tartagal, otras tantas con aplicación de la picana eléctrica en el Escuadrón 20 de Gendarmería de Orán, y también en Cafayate con torturas y traslados al Penal de Villa Las Rosas de Salta Capital” detalló y agregó que, a partir de investigaciones históricas como las de Lucrecia Barquet y Raquel Adet, se pudo conocer que “los lugares de detención y tortura en el territorio salteño fueron varios entre los que se destacan Villa Las Rosas, la Central de Policía, la Comisaría Cuarta y la Delegación de la Policía Federal”.
En declaraciones al programa “Cuarto Oscuro” de FM La Cuerda 104.5, Abrahan aportó otros datos sobre la represión ilegal. “La dictadura intervino 175 sindicatos en el país y 12 en la provincia” señaló y agregó que “hay que enfatizar la complicidad con la dictadura del empresariado, de la Iglesia y de los partidos políticos que aportaron numerosos funcionarios e intendentes”. “En julio del 1981 el diario El Tribuno informó que la UCR aportó 17 intendentes al gobierno militar, los conservadores 16, el PJ 7, el MPS 6 y la Democracia Cristiana 1 más”, enumeró.
Con respecto a la complicidad eclesiástica, Abraham ejemplifico la misma con un testimonio aportado por un detenido de la dictadura, Mario Rogelio Falco: “comenzó todo con un simulacro de fusilamiento previa confesión a un cura. Este cura le pidió [a Falco] que dijera todo lo que sabía y que rezará. Como el declarante no sabía hacerlo, el cura rezó por él”, citó el historiador.
El historiador describió que “según la investigación de Barquet y Adet, bajo el gobierno militar de Héctor Damián Gadea, entre agosto y septiembre de 1976, se vivió el momento de mayor represión en la provincia con 180 desapariciones más el asesinato de 12 militantes políticos en la Masacre de Palomitas” y concluyó que “aunque se supone que fueron más y no hay registro oficial de ello, en la provincia se produjeron entre 240 y 250 desapariciones forzadas de personas”.
Puesto a opinar sobre cómo en los últimos años surgen referentes políticos que sin complejo niegan todo lo ocurrido, el entrevistado respondió: “siguen representando los intereses de esta clase que masacro. Y como representan los intereses de esa clase tratan de modificar la verdad y seguir defendiendo esos intereses. ¿Cómo se los combate? Con lucha política”, sentenció.
