Mientras las casas de altos estudios celebran el acuerdo presupuestario, voces disidentes advierten que los fondos siguen estando por debajo de las necesidades reales.
El reciente anuncio del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sobre el ajuste por inflación del 270% al presupuesto universitario para gastos de funcionamiento ha sido recibido con alivio por algunas autoridades. Sin embargo, voces críticas dentro del ámbito académico advierten que esta medida podría ser insuficiente para afrontar los desafíos que enfrentan las instituciones de educación superior.
Si bien el rector de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Daniel Hoyos, manifestó su conformidad al señalar que «ya es un buen número», admitió que este ajuste aún representa un 30% por debajo de lo requerido. Esta situación genera interrogantes sobre la capacidad real de las universidades para recuperar su funcionamiento normal.
Algunos analistas destacan que, a pesar del incremento presupuestario, las universidades nacionales se encuentran lejos de alcanzar los niveles de financiamiento previos a la crisis económica que ha azotado al país. La inflación galopante y el aumento desmedido de los costos de servicios esenciales, como la energía eléctrica, amenazan con devorar rápidamente los fondos adicionales.
Es preocupante que, incluso después de esta negociación, las universidades sigan estando por debajo de sus necesidades reales. Los recortes presupuestarios han sido profundos, y a las claras, incluso un ajuste del 270% no es suficiente para revertir el deterioro acumulado.
Mientras las autoridades universitarias se preparan para reactivar proyectos y programas con los nuevos fondos, persisten las dudas sobre si esta inyección presupuestaria será suficiente para garantizar la calidad y el acceso a una educación universitaria de excelencia en todo el territorio nacional.