Así lo revela el informe de una Fundación. Una gran mayoría de trabajadoras se mantiene en la informalidad, sin acceso a cobertura médica y con riesgo de explotación laboral.
Las estadísticas arrojadas por el último relevamiento realizado por la Fundación «Unidas Podemos Lograrlo» son desalentadoras: de las aproximadamente 45 mil personas que se desempeñan como trabajadoras de casas particulares, apenas 10 mil están registradas formalmente. Esta situación implica que más del 75% de estas trabajadoras se encuentran en la informalidad, sin acceso a derechos y beneficios laborales básicos.
La presidenta de la fundación, Ana Díaz, reveló que los empleadores han optado por reducir las horas de trabajo como consecuencia de los últimos incrementos salariales acordados. Esta acción no solo disminuye los ingresos de las trabajadoras, sino que también impide que se realicen los aportes completos a las obras sociales, privándolas del acceso a una cobertura médica adecuada.
No obstante, en entrevista con FM Profesional, Díaz aclaró que actualmente no existe incompatibilidad entre percibir un plan social o ayuda económica del Estado y estar registrada como trabajadora de casa particular. Esta medida, implementada recientemente, busca facilitar la formalización de estas trabajadoras, cuyo salario habitualmente no supera el Salario Mínimo, Vital y Móvil. La única excepción son las pensiones graciables y por invalidez, las cuales no pueden combinarse con el trabajo formal en este sector.
