Las entidades rechazan la decisión presidencial y anuncian protestas en todo el país. La ley vetada buscaba mejorar el acceso a pensiones y aumentar aranceles a prestadores de servicios.
La Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI) convocó a una Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad para este martes, en repudio al veto del presidente Javier Milei a la normativa aprobada por el Congreso. «Si la crueldad avanza, salimos a las plazas», anunció la organización al llamar a un paro y movilización de prestadores en distintos puntos del país.
El Foro Permanente Discapacidad también convocó a movilizar este martes a las 11.30 desde el Congreso Nacional. «Un veto total no es austeridad: es abandono y exclusión», denunciaron desde esta entidad, que criticó al mandatario por «desoír una ley aprobada por amplia mayoría» que reconoce la crisis que atraviesan miles de personas con discapacidad.
La Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) exigió al Congreso que anule el Decreto 534/25 que vetó la ley de emergencia. Según esta organización, la normativa contemplaba dos aspectos centrales: permitir que personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) en situación de vulnerabilidad social accedan a pensiones compatibles con el empleo formal, y otorgar aumentos extraordinarios a prestadores de servicios de rehabilitación, hogares y centros de día.
REDI detalló que actualmente una persona debe demostrar incapacidad total para trabajar para acceder a una pensión por discapacidad de 217.000 pesos mensuales. La ley vetada habría ampliado este acceso a quienes tengan ingresos de hasta dos salarios mínimos, con un impacto presupuestario del 0,22% del PIB. Respecto a los prestadores, el aumento extraordinario representaría apenas el 0,03% del PIB para recomponer ingresos perdidos desde 2024.
Según publicó Tiempo Argentino, Mariel Chiapero, titular de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe, advirtió que «estamos en franca agonía» y que los prestadores «se propusieron llegar a fin de año», sin garantías de continuidad posterior. La situación actual implica que maestros de apoyo cobran 3.000 pesos por hora trabajada, mientras los cierres de instituciones interrumpen tratamientos y terapias para personas con discapacidad.