Un concejal históricamente identificado por su rol fiscalizador no impulsó acciones de control respecto del caso, pese a ser su hermano uno de los involucrados. Otros ediles debieron presentar el pedido de informe que finalmente fue aprobado por unanimidad.
Adrián Landriel, concejal de la Municipalidad de Cerrillos, no impulsó acciones de control respecto de la investigación por presuntas irregularidades en el área de Rentas que involucra a uno de sus hermanos. La indagación, que apunta a posibles maniobras con pagos de tasas municipales, registra un perjuicio estimado en más de 9 millones de pesos y comenzó en octubre del año pasado por iniciativa de la gestión del intendente Enrique Borelli.
Durante su trayectoria como edil, Landriel construyó parte de su perfil político a partir de pedidos de informes y reclamos de control hacia el Ejecutivo Municipal. Sin embargo, ante la investigación que se desarrollaba en la comuna, no promovió ni una sola solicitud de información ni requirió explicaciones sobre el avance del caso durante los meses posteriores al inicio de las actuaciones.
El cambio de postura se produjo cuando los concejales Néstor Ríos, Darío Albeza y Celeste Corimayo presentaron un pedido de informe solicitando que el Ejecutivo detalle el estado de las actuaciones administrativas y judiciales. La iniciativa fue aprobada por unanimidad, con inclusión del voto de Landriel. Consultado sobre los motivos por los cuales no había promovido su propio pedido, el concejal respondió: «Todo lo que tenga que ver con mi hermano lo tendrá que ver él. Yo no me puedo hacer cargo de las cuestiones que lo involucran».
Según informó Borelli, la investigación detectó más de 100 comercios con habilitaciones cuestionadas y casos de contribuyentes que presentaban comprobantes de pago sellados sin que los fondos hubieran ingresado a las cuentas municipales, como señaló Nuevo Diario. El mecanismo operaba con comercios que efectuaban los pagos pero los fondos no llegaban a la Municipalidad.
Una auditoría municipal realizada en 2023 había detectado previamente un faltante estimado entre 8 y 9 millones de pesos, lo que derivó en la apertura de un sumario administrativo, la cesantía de empleados involucrados y la presentación de una denuncia penal para determinar responsabilidades.