Alrededor de 25 veteranos rotan permanentemente en la protesta desde noviembre de 2024 para reclamar su incorporación al registro oficial de la Comisión Provincial. Entre 150 y 160 excombatientes en la provincia permanecen excluidos de beneficios como la pensión honorífica y el cupo de viviendas que contempla la ley.
Alrededor de 25 excombatientes rotan diariamente en el acampe ubicado frente a la Casa de Gobierno de Salta. El grupo reclama ser incorporado al registro de la Comisión Provincial de Veteranos de Guerra, un reconocimiento que aseguran les permitiría acceder a beneficios como la pensión honorífica provincial y un cupo del 1% en la adjudicación de viviendas del Instituto Provincial de Vivienda.
Roque Bildoza, integrante del grupo de excombatientes, afirmó: «Acá nos vamos a quedar hasta tanto nos atienda el gobernador, el único que tiene la autoridad necesaria para firmar lo que nos corresponde a nosotros». Según señaló en declaraciones al sitio El Tribuno, todos los días hay presencia de manifestantes manteniendo el reclamo visible.
Los manifestantes poseen certificados emitidos por las Fuerzas Armadas que acreditan su participación en el conflicto del Atlántico Sur. Bildoza explicó que participaron tanto en la Operación Rosario como en las operaciones posteriores durante la movilización de tropas. «La ley dice bien claro: vamos a ser beneficiarios por el reconocimiento como veteranos por haber participado en las dos operaciones, que se nos reconozca como tal», sostuvo.
Entre 150 y 160 excombatientes en Salta atraviesan la misma situación y permanecen excluidos del registro oficial creado en 1998. Bildoza cuestionó que la Comisión Provincial nunca realizó un censo completo y señaló que inicialmente solo contemplaba a los soldados conscriptos; recién en 2005 se incorporó a los oficiales de cuadro. Además, denunció la ausencia de respuestas en materia de salud mental y la exclusión del grupo en actos oficiales vinculados a la Gesta de Malvinas.
Hace algunas semanas, representantes del grupo fueron recibidos por el ministro de Gobierno, Ignacio Jarsún, aunque consideran que la decisión definitiva corresponde al gobernador provincial. Bildoza indicó que desde 2024 vienen solicitando audiencias sin obtener respuesta favorable de las gestiones actuales ni anteriores.