Un fallo judicial federal declaró inválido el veto del presidente Javier Milei a la Ley 27.793, que establece un régimen de emergencia para personas con discapacidad. La decisión beneficia a niños y familias que dependen de tratamientos y centros educativos en riesgo por falta de financiamiento.
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, resolvió este lunes declarar la invalidez del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad tras analizar una acción de amparo presentada por los padres de dos hermanos de 11 años con trastornos del desarrollo. Ambos asisten a un centro terapéutico y a una escuela especial que, según advirtieron sus autoridades, podrían cerrar por falta de fondos estatales.
La ley, sancionada por el Congreso el 10 de julio, preveía medidas como el financiamiento sostenible de pensiones no contributivas, la actualización de prestaciones básicas y el cumplimiento de la Ley de Empleo Protegido, entre otras. El gobierno nacional había objetado su implementación por el impacto fiscal estimado entre 0,22% y 0,42% del PBI, argumentando la necesidad de mantener el equilibrio fiscal.
El Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, cuestionó la legitimidad del reclamo, sosteniendo que no existía un daño concreto y que el caso no era justiciable. Sin embargo, el juez consideró que el riesgo de cierre de instituciones especializadas no es una amenaza futura, sino una situación actual que afecta derechos fundamentales.
González Charvay determinó que el veto constituye una forma de discriminación contra personas con discapacidad y que los derechos a la salud, educación y rehabilitación deben prevalecer sobre consideraciones presupuestarias. Destacó además el doble grado de vulnerabilidad de los niños demandantes y citó obligaciones internacionales derivadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Según informó Infobae, medio que tuvo acceso al fallo, el juez también se basó en la reciente opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoció el derecho humano al cuidado como esencial y vinculó al Estado con la protección de personas en situación de dependencia. La sentencia reafirma el deber del Estado de garantizar el bienestar de quienes requieren apoyo permanente.