Académicos señalan inconsistencias metodológicas del INDEC en la medición de ingresos desde el tercer trimestre de 2024. El Observatorio de la UCA estima que la reducción de la pobreza podría estar sobreestimada en, al menos, 4 o 5 puntos porcentuales.
El proceso de reducción de la pobreza en Argentina existiría, pero su magnitud sería menor a la reportada oficialmente por el Gobierno nacional. Analistas especializados en indicadores sociales identifican discrepancias entre los datos de evolución salarial, consumo y empleo con la marcada disminución de los índices de pobreza que presenta el Ejecutivo.
El Ministerio de Capital Humano divulgó esta semana un informe basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) que indica una caída de la pobreza de 23 puntos entre el primer trimestre de 2024 y el mismo período de 2025. Esta cifra, frecuentemente mencionada por el presidente Javier Milei en sus intervenciones públicas, generó cuestionamientos en el ámbito académico.
Las dudas sobre la precisión de los números oficiales se centran en dos aspectos principales. Por un lado, existe un cambio en los patrones de consumo de la población que el INDEC aún no incorpora en su medición inflacionaria. Por otro lado, durante 2024 el organismo estadístico modificó su metodología para relevar los datos de ingresos poblacionales.
Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), manifestó a la web Ámbito que «las cifras oficiales informadas en materia de ingresos y de pobreza están siendo raras desde el tercer trimestre de 2024». Según su análisis, el Observatorio de la UCA estima que la baja de la pobreza estaría sobreestimada en 4 o 5 puntos respecto de los datos gubernamentales.
El investigador explicó que la estabilización económica permite a las personas calcular mejor sus ingresos mensuales, a diferencia de los períodos de alta inflación. Sin embargo, señaló que el 47% de la población considera insuficientes sus ingresos actuales, lo que refleja un cambio en la composición del gasto familiar. Aunque se registran mejoras en los ingresos nominales, estos recursos se destinan principalmente al pago de servicios con tarifas actualizadas, sin traducirse en mayor capacidad de consumo de bienes.