Quienes participaron de la denominada Marcha Histórica abandonaron ayer el Hogar Escuela y emprendieron el regreso a sus comunidades. Llevan la promesa por escrito del gobierno para resolver sus demandas de 21 puntos.
Uno de sus referentes, Gervasio Barbier, destacó la unidad de 36 comunidades repartidas en los departamentos Rivadavia, General San Martín y Orán, reunidas en la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP). A ese logró, le sumó otro: haber logrado por primera vez en la historia que casi todo el gabinete de gobierno los reciba en una Mesa de Diálogo Intercultural que tuvo sus bemoles, pero se concretó. “Los referentes evaluaron muy bien a la ministra de Desarrollo Social, Verónica Figueroa, y muy mal al secretario de Asuntos Indígenas, Luis Gómez Almaraz. Anoche mismo se enojaron con él por la larga espera, al costado de la ruta, que estaban soportando los integrantes de Misión Chaqueña cuando intentaban volver a su comunidad”, destacó la sección local del diario Página 12.
Entre los compromisos firmados por el gobierno se incluye la promesa de que el presidente del IPV, Gustavo Carrizo, visitará el pueblo de Santa Victoria Este, donde hay una gran mayoría de comunidades originarias, el próximo 11 de este mes, para conversar sobre la «cuestión habitacional». La Provincia se comprometió también a elaborar un proyecto de ley para la incorporación de facilitadores interculturales bilingües en todos los organismos del Estado, en respuesta al reclamo de que se respeten los derechos y la diferencia cultural de los pueblos originarios. Asimismo, se comprometió a avanzar con la mejora de los anillos en la zona inundable de Santa Victoria Este.
Los manifestantes pidieron que se construyan pozos para 13 comunidades, que desde el verano pasado están abasteciéndose con el agua que les lleva el Ejército. El Ministerio de Infraestructura respondió que se está abordando esta cuestión con «3 criterios diferentes». Para atender la urgencia estival, el abastecimiento con 4 camiones cisterna de la provincia además de los del Ejército, y se comprometió a gestionar la compra de esos 4 camiones «para asistir permanentemente la región». También informó que trabaja en «la recuperación del Programa de Asistencia Técnica a Localidades Aisladas (ATLAS)» para que ponga en condiciones los pozos que no funcionan, dado que del total de 53 que hay en la zona, solo 29 están operativos. Como tercer punto, Infraestructura detalló que con el fin de buscar una solución a la problemática del agua, trabaja con la Nación en un anteproyecto de manejo de cuenca y reservorios de agua, ya en el marco del Plan Maestro de Solución de Acceso al Agua, para cumplir con el fallo de la Corte IDH.
Las comunidades también pidieron que se cumpla con la ley 26.160, y denunciaron que «hay graves situaciones de violación de Derechos Humanos, desalojos violentos y falta de título de propiedad de la tierra que necesita urgente solución y apoyo jurídico» y solicitaron al gobierno salteño que trabaje articuladamente con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que se sancione una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, y que se controlen y paralicen los desmontes ilegales, y que haya controles para eliminar la contaminación de los ríos Bermejo y Pilcomayo.
La Provincia respondió recordando que Asuntos Indígenas acompañó a las comunidades El Algarrobal y Honat Le les en los conflictos territoriales que afrontan. Añadió que firmó un convenio con el INAI para concluir las carpetas de los relevamientos técnicos y que pidió la prórroga de la ley 26.160, que vence en noviembre de 2021. Sobre los desmontes ilegales, aseguró que «lleva adelante constantes acciones de control y monitoreo en la zona de los ex lotes Fiscales 55 y 14», y recordó que el gobiernó está obligado a hacer este control por el fallo de la CorteIDH. De la contaminación de los ríos no dijo nada.
Las comunidades reclamaron además que se mejore el acceso a la salud pública. La Provincia indicó que el ministro de Salud, Juan José Esteban, «se comprometió a analizar» el envío de 10 ambulancias, que mensualmente lleguen a los puestos sanitarios o centros de salud de las comunidades equipos de especialistas, así como la compra de equipamiento para los centros de salud de San Luis, Las Vertientes Chica, la cobertura de médicos y enfermeros y realizar una evaluación del estado nutricional de las comunidades de Santa Victora y Alto La Sierra.
