El pedido del fiscal federal Guillermo Marijuan ingresó hoy. Considera que Estrada cometió el delito de peculado de trabajo y servicios por «haber utilizado trabajos o servicios pagados por la administración pública en provecho propio».
“Por los mismos hechos, Estrada, ex diputado por Salta y dirigente de La Cámpora de esa provincia, también está siendo investigado por el delito de intimidación pública y los dos asesores reconocieron los hechos y fueron condenados en un juicio abreviado a un año y cuatro meses de prisión en suspenso”, destacó el diario Clarín en su edición de hoy.
Al ex diputado lo acusan de haber ordenado la creación de cuentas en la red social TikTok difundir noticias falsas de sus rivales políticos en la provincia. “La Casta Salteña”, “La Casta de Sáenz”, “Informante Salta” y “Casta Salta” eran las cuentas creadas. Sáenz es Gustado Sáenz, gobernador peronista de la provincia y enfrentado al kirchnerismo.
Las cuentas y la difusión de las noticias falsas las hacían Florencia Bustamante y Alonso Allemand, dos empleados de Estrada en la Cámara de Diputados. Ambos reconocieron que cumplían esa función y en mayo del pasado fueron condenados a un año y cuatro meses de prisión de ejecución condicional como partícipes secundarios del delito de intimidación pública.
«Estrada fue quien me impartió órdenes y directivas de todos los trabajos que realicé o encargué; tanto los trabajos gráficos y audiovisuales de sus redes sociales personales y laborales”, dijo Bustamante en su declaración. También admitió haberse ocupado de “la creación” de cuentas en la red social Tik Tok “con el objetivo de perjudicar puntualmente a determinadas personas del ámbito mediático, empresarial y político”.
Paralelamente a la causa salteña, Estrada fue denunciado en los tribunales de Comodoro Py por el delito federal de peculado que es el uso de bienes públicos para fines personales. En este caso se investigó que dos asesores, con sueldos públicos, hacían campaña sucia a favor del entonces diputado.
Marijuán pidió la indagatoria del ex legislador nacional y en su escrito explicó que la acusación es «en orden al hecho consistente en haber utilizado trabajos o servicios pagados por la administración pública en provecho propio, respecto de dos de sus asesores mientras se desempeñaba como diputado nacional dentro del Congreso de la Nación».
«Dichas tareas implicaban la confección y difusión de videos falsos, de manera clandestina y amparado en el anonimato de las redes sociales, suceso que encuadraría “prima facie” en el delito de peculado de trabajo y servicios, previsto y reprimido en el art. 261 del CP, 2° párrafo, del CP», concluyó el fiscal.