El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 dejó sin efecto el Decreto 759/2025 y le exigió al Poder Ejecutivo dictar las normas necesarias para aplicar la ley. El fallo responde a un amparo colectivo del Consejo Interuniversitario Nacional y la UBA.
El juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 y ordenó al Poder Ejecutivo avanzar con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso. La resolución hizo lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires, junto con otras casas de estudio.
La sentencia dispone el «cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin». Entre las medidas, el Ejecutivo debe asignar partidas para el funcionamiento de las universidades y recomponer los salarios de docentes y de trabajadores no docentes.
El Gobierno había intentado frenar la norma primero mediante un veto, que el Congreso rechazó al insistir con las mayorías agravadas requeridas. Luego emitió el Decreto 759/2025, que condicionaba la ejecución del financiamiento a que se determinaran sus fuentes específicas y se incluyeran las partidas en el presupuesto general, señala el texto del fallo.
Para Cormick, ese mecanismo «no supera un test mínimo de razonabilidad, en tanto permite suspender e inaplicar, amparado en la aplicación de un artículo de una ley anterior, la aplicación de una ley en donde el Congreso insistió con las mayorías agravadas requeridas». El magistrado agregó que, ante la imposibilidad legal de un nuevo veto, el decreto «ha funcionado como un mecanismo extraconstitucional».
El juez también abordó el impacto fiscal. Señaló que durante 2024 y 2025 no hubo Ley de Presupuesto y se prorrogaron las partidas del presupuesto aprobado en 2023. Citó además datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, según los cuales el costo de la norma en 2025 equivalía a cerca del 0,23% del PBI nominal proyectado.
Sobre la intervención judicial en asuntos con costo para el Estado, Cormick afirmó que «el control judicial de decisiones con impacto presupuestario, lejos de ser una intromisión extraordinaria, es una de las consecuencias propias de la justiciabilidad del Estado». Con ello, el fallo deja sin efecto la norma que condicionaba la ejecución de la ley.