La Comunidad Finca El Potrero presentó una denuncia penal y pidió la nulidad del expediente que reconoció una posesión veinteñal. Cuatro familias diaguitas viven en el inmueble, que el INAI reconoce como espacio de uso ancestral.
La Comunidad Diaguita Calchaquí Finca El Potrero, de Cachi, denunció penalmente el 24 de septiembre un conflicto por tierras que considera parte de su territorio ancestral y solicitó la nulidad del expediente que las involucra. El Juzgado Civil y Comercial de 10ª Nominación había reconocido el 7 de julio de 2026 a los herederos de las familias Miranda y Cruz la posesión veinteñal de la matrícula 1006 de Cachi. El fallo fijó la prescripción «con los límites y medidas que surgen del plano de mensura N° 415 a partir del 6 de agosto de 1994».
Según la comunidad, cuatro familias diaguitas viven actualmente en el inmueble, ubicado en un territorio que el INAI reconoce como espacio de uso ancestral. El conflicto tiene un antecedente en 2004, cuando el Juzgado Civil y Comercial de 9ª Nominación reconoció una posesión veinteñal a la familia Garnica sobre el mismo sector. Ante un posterior intento de desalojo, la comunidad impugnó la medida y obtuvo que la Justicia reconociera sus derechos ancestrales. La nueva resolución surgió de una demanda que las familias Cruz y Miranda iniciaron contra los Garnica, según informó Nuevo Diario.
Los integrantes de la comunidad indicaron que se enteraron de la decisión cuando los supuestos poseedores llegaron al territorio y les comunicaron que debían comenzar a pagar un arriendo. Para la comunidad, la medida vuelve a poner en riesgo la permanencia de las familias originarias. Además, afirmaron que quienes obtuvieron el reconocimiento judicial nunca ocuparon realmente las tierras.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que los responsables del expediente describieron a las familias originarias como «medieros», condición que implicaría trabajar la tierra y entregar parte de la producción como pago. «Han usado un informe que nos tiene por medieros cuando saben que jamás ha sido esa nuestra condición, sino que somos ancestrales poseedores de este lugar», expresó la comunidad en la denuncia.
Representados por la abogada Patricia Olivera, los denunciantes también objetaron el uso de informes que consideran falsos y señalaron actuaciones irregulares de jueces de Paz, que habrían permitido ocultar su presencia e impedir su participación en el proceso. Por eso calificaron lo ocurrido como una presunta «estafa procesal». Sostienen además que un desalojo sería «materialmente imposible» por la existencia de viviendas centenarias, ganado y un cementerio comunitario: «No hay manera de que exhumemos tanto cadáver de nuestro cementerio, ni saquemos el ganado criado y acostumbrado en el lugar, desarmemos viviendas centenarias», plantearon.