domingo 14 de abril de 2024
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Quiere ser presidente | Denunciaron penalmente a Larreta por usar datos biométricos

Se trata de posibles irregularidades en el «uso de datos biométricos por parte del gobierno de la Ciudad» provistos por el Renaper, en suscripto con el Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA en 2019, conducido en aquel momento por Marcelo D’Alessandro, quien renunció al cargo por la filtración de chats de otra causa.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció penalmente por «violación de secretos» a las autoridades del Gobierno porteño por la presunta utilización de datos biométricos sin una «justificación racional».

La investigación fue realizada por el fiscal Sergio Rodríguez, quien el último jueves resolvió, en un expediente de 31 páginas, efectuar la denuncia penal por hechos que se encuadran en el de «acción pública previsto en el artículo 157» del Código Penal.

Ese artículo prevé penas de un mes a dos años de cárcel e inhabilitación al funcionario público que «revelare hechos, actuaciones, documentos o datos que por ley deben ser secretos».

El viernes último, la causa fue sorteada y será el Juzgado Federal y Correccional N° 3 el que en adelante investigue los hechos.

En las actuaciones previas, el fiscal había consignado que tomó conocimiento a partir de notas periodísticas de posibles irregularidades en el «uso de datos biométricos por parte del Gobierno de la Ciudad» provistos por el Registro Nacional de las Personas (Renaper), en el marco de un Convenio de Cooperación Técnica suscripto en febrero de 2019 entre ese organismo nacional y el Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA.

En ese entonces, el Renaper estaba a cargo de Juan José D’Amico y al frente del ministerio de Justicia y Seguridad porteño se encontraba el actual diputado nacional Diego Santilli, precandidato a gobernador bonaerense por Juntos por el Cambio.

En ese Convenio de Cooperación Técnica se estableció que el Renaper brindaría «información disponible en sus sistemas informáticos» para «identificar y/o verificar la identidad de las personas humanas sobre las cuales el Ministerio desarrolle las tareas requeridas por el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial Nacional, Provincial y de la Ciudad Autónoma».

Pero en el mismo acuerdo se establecía que «se encontraba prohibida la utilización de la información brindada» para «fines distintos a los mencionados».

En otro pasaje del documento, el fiscal Rodríguez precisó que el delito de «violación de secretos» sanciona a todo aquel funcionario que «se introduce o penetra de cualquier forma a un banco de datos personales sin autorización, pero no especifica la manera de acceso, admitiéndose cualquier vía de ingreso».

Sobre ese punto, observó que «el acceso/consultas» a la base de datos del Renaper por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA en el marco del citado convenio «parecería no tener una justificación racional a la luz de los datos aportados, lo que permitiría presumir que esos accesos no estarían justificados, por lo que podría calificárselos de ilegales».

En 2019, se incorporó en CABA el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) que se contrastaría con la base de datos de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc), pero «salvo orden judicial, se encontraba prohibido incorporar imágenes y registros de otras personas que no se encuentren registradas», advirtió Rodríguez.

A partir del análisis de los datos, Rodríguez llegó a la conclusión que «existió una migración en cantidades exorbitantes de datos biométricos desde el Renaper al Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA y/o la Policía de la CABA con motivo de las prevenciones efectuadas o para la carga y alimentación del SRFP».

«Tanto el peritaje como la propia información brindada por el Renaper dan cuenta de más de 18 millones de consultas de registros existentes en los archivos remitidos», agregó.

Fuente: Agencia Télam

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