Concejal PRO quiere restituir a la avenida Bicentenario el nombre de Virrey Toledo cuya historia repasamos  

Se trata de Alberto Castillo cuyo flaco argumento es “que la gente lo quiere”. Acá repasamos la historia de ese español que en 1570 comandó el genocidio de los pueblos originarios y fue reivindicado por el patriciado salteño (Daniel Avalos)

Evitemos los rodeos para ir al grano: el Virrey Francisco Toledo fue el responsable de otorgarle una efectiva dirección imperial a la conquista de una América del Sur que hasta 1570 estaba empantanada. Empantanada por las resistencias indígenas pero también por las características de una conquista que España había privatizado. Lo hizo permitiendo que mercenarios organizaran las huestes que sometían indígenas y ocupaban territorios a cambio de rentabilidades futuras que amortizarían la inversión bélica y ensancharían los beneficios de ese particular empresariado militar. La mecánica del dispositivo, el afán de lucro inmediato de los conquistadores y la distancia geográfica entre España y el escenario de la conquista, produjo centenares de forajidos lanzados a un pillaje anárquico y salvaje.

Francisco de Toledo fue clave en remediar esa situación. No porque buscara librar a los indígenas del salvajismo, sino porque se encargó de organizar el salvajismo de manera tal que los réditos beneficiaran al Imperio. Asumió el virreinato del Perú que incluía a nuestra región en 1570 y su éxito significó la derrota de una América cuyas riquezas alimentaron la opulencia de la corona española. Éxito devenido, también, en una maldición para millones de indígenas condenados a vivir y a morir como bestias de carga. Francisco Toledo encarnaba, entonces eso que Domingo Sarmiento, en su libro Facundo, definió como la “maldad sin pasión”. Un monstruo político que somete a millones desde un gabinete racionalizando el despojo, la explotación y la muerte.

Veamos. El objetivo de sus denominadas “reformas” era proveer de minerales americanos a una metrópoli deseosa de ser una potencia mundial. El Virrey lo concretó ejercitando movimientos implacables: valerse de teorías que deshumanizaban al indio -devenido en bestia sin alma- a fin de aplicar sin remordimientos una violencia brutal sobre ellos; proveerse de información que identificando las contradicciones del mundo indígena, pudiera utilizarse para impedir las posibles resistencias; emplear todo el poder bélico para aniquilar las rebeliones existentes; e instalar la Inquisición en Lima cuyos métodos se aplicaron luego sobre indígenas con campañas de extirpación de idolatrías que, identificando y apresando a los idólatras, los purificaba por medio de la tortura y auto de fe rurales.

Y, sin embargo, puede que nada haya provocado peor estrago que su invento burocrático por excelencia: la mita minera. Si entre los Incas la mita suponía tributar trabajo durante un periodo del año en el que el Estado proveía insumos y garantizaba el mantenimiento del mitayo y su familia, con Toledo esa institución se convirtió en un turno en donde, obligado a trabajar, el mitayo y su familia debían proveer los insumos, costear el traslado del contribuyente y garantizar la supervivencia de un tributario que cuando trabajaba en las minas solía morir explotado y hambriento en el llamado cerro rico de Potosí. Ni cobarde ni heroico, Francisco Toledo realizó su tarea sin fanatismo ni arrepentimientos, sólo atado a lo único que le importaba: las órdenes de la Corona y su propio beneficio personal.

Que sectores de la provincia hayan reivindicado y reivindiquen a Toledo indica, al menos, dos cosas: que la emergencia de ese sector como clase con poder económico y político debe mucho a esa figura, y que la vigencia del sector en nuestro presente es real. Para confirmar lo uno y lo otro, alcanza con leer las producciones historiográficas que exploran la economía de Salta en el siglo XVIII. Siglo de oro para una aristocracia que amasó fortunas proveyendo de insumos y mercancías a las minas del Alto Perú (actual Bolivia) cuya estructuración había sido objetivo estratégico del Virrey. Fortunas devenidas en poder político que se personalizaron en apellidos que cualquier salteño del siglo XX y XXI identifica con una clase que nunca dejó de estar enquistada en el manejo del Estado: San Millán, Isasmendi, Usandivaras, Saravia Toledo, Fernández Cornejo, Patrón Costas, etc.

Selecto grupo que en la mayoría de los años de su existencia encajó en eso que Antonio Gramsci definió como clase principal, aquella facción de los sectores dominantes que impuso al conjunto una dirección política e ideológica determinada. Reconozcamos… la capacidad del sector para mantenerse en el poder fue notable. Pero indiquemos también que esa capacidad estuvo guiada siempre por la defensa de sus propios intereses.

Dos momentos históricos claves de nuestra historia pueden graficarlo. Uno es la Independencia, cuando esa aristocracia se suma a una gesta emancipadora empujada por una España que a partir de 1750 con las denominadas Reformas Borbónicas, decidió que su decadencia en Europa debía remediarse imponiendo a América nuevos tributos que afectaban a los poderosos. Impuestos nuevos cuya fiscalización estaría en manos de funcionarios provenientes de la península ibérica amenazando así el control del aparato estatal colonial hasta entonces en manos del sector. Y es que la Independencia también fue una empresa contradictoria. Que aglutinó a revolucionarios convencidos de que el orden colonial se asentaba en supersticiones que legalizaban la opresión y la injusticia; junto a sectores que veían en el movimiento la posibilidad de arrebatar el poder político del mismo a los peninsulares sin por ello renunciar a la profunda comunión espiritual existente entre ellos y el antiguo orden. A esa facción respondía una aristocracia local que se desencantó de la revolución cuando la guerra los privó de comerciar con un Alto Perú en manos de los realistas, y cuando las nuevas ideas amenazaban un orden social dictado por el espíritu de casta de la España católica y colonial. Eso explica la suerte misma de un Güemes traicionado por quienes veían en él a un caudillo dispuesto a cambiar ese orden, exigiéndoles sacrificios que ellos, los patricios, vivenciaron como intolerables.

Patriciado tambaleante durante el siglo XIX ante una producción minera decadente que buscó en el comercio con Chile una alternativa económica al orden roto por la revolución, y que volvió a tener su época de oro a partir de la presidencia de Julio Argentino Roca finalizando el siglo XIX. Un roquismo que representó el triunfo de la burguesía portuaria sobre la aristocracia del interior que, sin embargo, aceptó su derrota a cambio de políticas que facilitaron el mantenimiento de su poder regional: protección de la industria azucarera y vitivinícola en medio de un modelo nacional librecambista, y acceso a cargos en el aparato burocrático del gobierno nacional.

Nadie grafica mejor esa situación que el hijo de un patricio salteño de apellido Patrón y de una patricia salteña de apellido Costas: Robustiano Patrón Costas. Con sólo 24 años fue ministro de gobierno (1902-1904). Con sólo 35 (1913-1916), asumió la gobernación. Fue el propulsor de leyes de protección a la industria vitivinícola funcional al patriciado local. Adquirió enormes cantidades de tierras de Orán en el año 1908. Tierras en donde fundó el Ingenio El Tabacal en 1920 cuando el arribo del ferrocarril al norte hizo posible el transporte de la producción al resto del país. Ingenio que no sólo se convirtió en el más moderno de Latinoamérica, sino también en un símbolo de coacción a poblaciones indígenas obligadas a trabajar en el lugar en nombre de la civilización, tal como habría pensado y actuado Francisco Toledo.

Un patriciado, entonces, que volvió con fuerza de la mano de un personaje que, otorgándole una direccionalidad determinada a la historia local, ocupó también un lugar destacado en la política nacional hasta la segunda mitad del siglo XX. Un patriciado que no sólo controlaba las riquezas provinciales sino también el relato histórico de la provincia. Un ejemplo lo ilustra de manera magistral. Corre el año 1937. La provincia carece de universidades y de casas de estudios dedicadas a la producción histórica. Un gran amigo de Patrón Costas, el Monseñor Tavella, se encargará de llenar el vacío. En junio de ese año funda el Instituto San Felipe y Santiago, cuyo principal objetivo era emprender la reconstrucción histórica de Salta.

Las perspectivas ideológicas del Instituto pueden adivinarse: resaltar el papel evangelizador y civilizador de la Iglesia como parte constitutiva de una empresa heroica más amplia que incluye a la corona española y su conquista de América. El providencialismo vuelve a potenciarse. Es el plan divino el que explica los hechos y ante los mandatos divinos, nos dicen, nada puede hacerse. Un referente historiográfico de ese Instituto lo explicita de manera asombrosa. Se trata del tucumano Lizondo Borda quien estudiando el alzamiento de los indígenas calchaquíes de los siglos XVI y XVII en el NOA, manifestaba entender la reacción de los indígenas ante la Conquista pero concluía que “estaba de Dios que ellos debían ser vencidos y sacrificados hasta desaparecer con los demás indígenas, para que en otras regiones la otra raza levantase más pura una nueva civilización” (Historia de la nación Argentina. Buenos Aires. 1939. Vol. II, cap. 6 p. 284).

El Virrey Toledo no obró, entonces, como un burócrata del mal, sino como una pieza de dios y su plan civilizador, del cual nuestro patriciado se siente heredero. Una historia reducida a lo oficial católico y a lo oficial político. Nada distinto a ello mereció la atención de esos historiadores, ni nada distinto a ello conforma la salteñidad oficial. Ni indígenas, ni negros, ni blancos marginales, que sólo aparecen en esos relatos cuando su sumisión puede presentarse como subordinación a lo deseable, o cuando las resistencias a la opresión pudieran ser presentadas como un salvajismo que les otorgaba un tono épico a la conquista y la colonización.

Tal vez por ello cuando se cambió la nomenclatura de la avenida que recordaban a aquel hombre por otra que recuerda los 200 años de la independencia nacional, sólo el patriciado local que vive de los viejos blasones se opuso a la medida que hoy un concejal del PRO quiere desandar argumentando lo que siempre el PRO argumenta: que la gente lo desea.