La víctima es el pianista Jorge Martorell. La Corte también evita sancionar a los magistrados que intervinieron. Abogados y Escribanos tampoco reprenden a profesionales que permitieron la estafa.

“Muy lejos de tener justicia, sigo sin respuestas y bajo amenazas” denunció ante Cuarto Poder en noviembre del año pasado el músico y docente Jorge Adolfo Martorell. Y esta semana repitió como una letanía aquella acusación. El caso del profesor Martorell es bien conocido: hace unos años falsificaron un certificado de defunción y lo dieron por muerto para robarle sus inmuebles pero, después de un largo y tortuoso proceso judicial, consiguió recuperar la titularidad de sus propiedades.

Municipalidad de Salta

Desde entonces, sin embargo, trajina los tribunales y reclama que alguien se haga cargo de todos los bienes muebles que le sustrajeron y de los enormes gastos que enfrenta para atender su salud deteriorada por la dramática situación. Además, denuncia que las autoridades judiciales (y políticas) protegieron y todavía protegen a quienes permitieron la comisión de los delitos de estafa, falsificación de documento público y asociación ilícita en su contra.

Ya fueron condenados por los delitos de estafa con inmuebles y asociación ilícita Daniel Vázquez a 7 años de prisión; Víctor Hugo Juárez Ortiz y Hugo Agustín Valenzuela a 4 años; Héctor Cáceres a 3 años y 6 meses; Favio De Singlau, Clemencia Rodríguez, Roberto Oscar Panelo y Daniel Alejandro Jáuregui a 3 años y 4 meses; Marta Elena Tassano a 3 años y 2 meses; y Sergio Gudiño a 3 años de prisión. “La causa por estafa, falsificación de documento público y asociación ilícita alcanzó a lisos y llanos delincuentes pero omitió a los funcionarios de la Dirección de Inmuebles y a los profesionales que intervinieron en esos delitos” insiste el músico y lamenta que la justicia no reprenda a los funcionarios que, por acción u omisión, posibilitaron los ataques hacia su persona y sus bienes.

Quiere sanciones para la jueza Sandra Espeche y para los magistrados Carolina Sanguedolce, Hugo Fernández Esteban, Héctor Martínez y Lucrecia Palavecino que atendieron la causa en periodo de feria y, por eso, en junio presentó un recurso ante la Corte de Justicia y denunció la “participación de varios jueces en la demora de ordenar detenciones y dilatar los allanamientos, pedido perentorio realizado por el fiscal Guillermo Akemeier en tres oportunidades a la jueza Espeche como también a los restantes jueces involucrados”.

Pero en menos de un mes fue desestimado por el titular del máximo tribunal, Guillermo Catalano que vaya paradoja del destino fue alumno del denunciante en el Colegio Salesiano Ángel Zerda. “Las cuestiones que se describen en la presentación del señor Martorell no habilitan la intervención directa de la Corte de Justicia por resultar estrictamente procesales, para lo cual, las partes cuentan con los pertinentes mecanismos previstos en el ordenamiento vigente, sin que se pueda, por vía de superintendencia, revisar lo actuado por el juez de la causa”  dice la cedula que con firma del propio Catalano dispone el “archivo de estas actuaciones”. El titular de la Procuración, Pablo López Viñals, ni siquiera acusó recibo de una presentación similar.

El Colegio de Abogados y el Colegio de Escribanos tampoco respondieron de manera positiva ante el pedido de sanción para los profesionales intervinientes en la estafa contra Martorell. Las notarias Ana Carolina Samso Baldi y María Valeria Zambrano Videla y los letrados Rogelio Aníbal Estrada y Marcelo Arancibia y Esteban García Bes y Soraya Dip (los dos últimos funcionarios de la Dirección General de Inmuebles al momento del delito) no recibieron apercibimiento alguno por su intervención acreditada con firma y sello en el irregular trámite que declaró difunto al músico y posibilitó el cambio de la titularidad de sus posesiones.

“Atento a lo resuelto en sesión ordinaria de Consejo Directivo le informo que no corresponde a la Comisión Directiva sustanciar proceso disciplinario contra un colegiado ya que esta facultad no se encuentra dentro de las que prevé la ley” alega la respuesta firmada por el titular de los Abogados, Humberto Pedro Burgos, y recomienda que “sin perjuicio de ello puede presentar su denuncia ante el Tribunal de Ética y Disciplina de la institución”. La respuesta de ese Tribunal de Ética de Abogados está pendiente desde el mes de mayo y la del Colegio de Escribanos desde octubre del año último.

El archivo de la última presentación ante el máximo tribunal de la provincia y la falta de respuestas por parte de las entidades profesionales alimentan la sospecha del longevo docente de la existencia de una corporación o, directamente, de una mafia destinada a la comisión de delitos como el que él sufrió.

Retórico, se pregunta “¿por qué ninguno de los funcionarios o letrados que dijeron haber sufrido la falsificación de su firma hizo una denuncia?” y, brutal, se responde “porque en la provincia hay una mafia, ellos lo saben porque están implicados”.

Por ahora lo único que cambió desde 2012, cuando fue desposeído de una de sus propiedades, es el responsable de la Dirección General de Inmuebles. En marzo García Bes fue reemplazado por Martín María Isasmendi sin que oficialmente se explicitaran los motivos del cambio de funcionarios.