El proyecto de resolución fue firmado por el diputado nacional por Salta, Bernardo Biella. El apagón afectó a casi un millón de usuarios en las tres provincias durante los días 22 y 23 de enero.
En los fundamentos, el integrante de Innovación Federal cuestionó que “la situación lamentablemente no es nueva y constituye una reiteración de cortes que desde hace años se vienen produciendo, siendo la mayoría de ellos atribuibles a inconvenientes con la empresa Transnoa S.A. que tiene a su cargo la operación y mantenimiento de la red de energía eléctrica en el NOA”.
El proyecto de resolución impulsado por el legislador salteño exige conocer el crecimiento del ente regulador de los últimos años atribuidos a la firma Transnoa; el estado actual de la infraestructura, equipamiento y dotación del personal; los controles realizados en el marco de la Ley 24.065; informes del cumplimiento del contrato; conocer las multas aplicadas a la empresa entre 20191 y 2025; los planes de inversión; las medidas adoptadas en virtud de los usuarios afectados; y las operaciones realizadas durante el corte.
“En la provincia de Salta concretamente se vieron afectados los usuarios de los departamentos de Oran, Rivadavia y San Martín, por un espacio prolongado de tiempo, atento a las demoras en las que incurrió la empresa para concurrir a resolver el problema aparentemente por la dotación insuficiente de personal”, cargó Biella.
El punto más crítico que relató el salteño en su proyecto de resolución estuvo vinculado a “la afectación del derecho a la salud que se ve comprometido con la interrupción del servicio en los establecimientos de salud y en los domicilios en los que residen pacientes electrodependientes”. En este punto invocó el artículo 42 de la Constitución Nacional, los tratados internacionales con jerarquía constitucional y a la Ley 24.065 (Régimen de Energía Eléctrica).
Dirigido al Gobierno nacional, el diputado que responde al gobernador Gustavo Sáenz enfatizó que “el Estado tiene su ineludible obligación de supervisión y control a través del Ente Regulador y esto está expresamente establecido con carácter imperativo en la ley 24.065 y en la normativa complementaria”.
