Un informe pericial concluyó que la atención brindada no fue adecuada y que no se investigó el origen de una hemorragia digestiva. La causa involucra a nueve médicos del Hospital Joaquín Castellanos acusados de homicidio culposo.
La audiencia de debate seguida contra nueve médicos del Hospital Joaquín Castellanos de General Güemes se reanudó con la declaración de profesionales de la salud. Los imputados enfrentan cargos por el fallecimiento de una paciente de 60 años que ingresó al centro asistencial el 28 de febrero de 2017 y murió el 10 de marzo de ese mismo año.
Un perito del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) reconoció su informe ante el tribunal y expuso los puntos de pericia solicitados en la causa. Uno de ellos apuntaba a establecer si la atención recibida por la víctima había sido la apropiada para su cuadro clínico: la conclusión fue negativa. Según publica el Poder Judicial de Salta, el informe determinó que «no se investigó el origen de la hemorragia digestiva que presentaba la paciente» y que la historia clínica consignaba exámenes complementarios que nunca fueron asentados.
El médico legal precisó además que la ausencia de autopsia impidió establecer la causa del paro cardiorrespiratorio con certeza. «Lo que se concluya al respecto es presuntivo, ya que pueden ser múltiples las causas de un paro», señaló el perito. En el mismo sentido, indicó que tampoco puede determinarse con precisión la causa de muerte.
El experto advirtió que en el registro de enfermería del 7 de marzo de 2017 no constaba la administración de ranitidina ni penicilina por vía intravenosa, medicamentos a los cuales la paciente pudo haber tenido reacción alérgica.
Dos médicos del mismo hospital declararon como testigos y relataron sus intervenciones durante la internación. Uno de ellos, que había extendido el certificado de defunción, refirió que la paciente ingresó a terapia intensiva en estado grave y con falla multiorgánica, y que previamente, en el área de clínica médica, la administración de un protector gástrico le había provocado un shock y un paro cardiorrespiratorio. «Todo apuntaba a que había sufrido una reacción alérgica», sostuvo. Una colega que también la asistió en terapia intensiva indicó que logró reanimarla, pero que no le habían dado precisiones sobre la droga administrada que desencadenó el cuadro.
La acusación sostiene que el 5 de marzo de 2017 la paciente comenzó a cursar una hemorragia digestiva y que los facultativos no actuaron en consecuencia: no la trasladaron a una sala de mayor complejidad ni consultaron a un especialista. El 7 de marzo sufrió una descompensación severa y tres días después falleció por falla multiorgánica.
El tribunal está presidido por el juez Francisco Mascarello e integrado por José Luis Riera y Aldo Rubén Saravia. La fiscalía está a cargo de Santiago López Soto, mientras que la defensa es ejercida por Jorge Causarano, José Fernando Teseyra, Lucio Flores Giralt y Ricardo Loutayf.