Gustavo Farquharson aseguró que el presidente «llegó al poder denunciando la manipulación de estadísticas», y hoy él mismo está acusado de ese tipo de prácticas. Dijo que su palabra queda «bajo sospecha».
El concejal capitalino Gustavo Farquharson se refirió a la situación del Indec luego de la salida de Marco Lavagna como titular del mismo. Aseguró que la situación podría generar un «fraude metodológico» para acomodar las cifras a lo que le conviene al gobierno.
«Javier Milei llegó al poder denunciando la manipulación de estadísticas y prometiendo una etapa de transparencia absoluta. Sin embargo, hoy enfrenta una acusación grave: estar administrando la metodología del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en función de la conveniencia política», dijo Farquharson.
En declaraciones a CUARTO, el concejal señaló que «la inflación es el principal termómetro económico de cualquier país», y en Argentina, además, «tiene un peso simbólico enorme». «Después de años, la recuperación de la credibilidad estadística fue un proceso arduo. Por eso, cualquier decisión que afecte la forma en que se mide el Índice de Precios al Consumidor no es un detalle técnico, es un asunto de Estado», consideró.
«La discusión no gira en torno a si la inflación baja o no baja. El eje del debate es si se está midiendo con una estructura de consumo actualizada o con una fotografía vieja de la economía. Tras la devaluación, la liberación de tarifas y la recomposición de precios relativos, el patrón de gasto de los hogares cambió drásticamente. Si las ponderaciones del índice no reflejan esa transformación, el resultado final puede verse artificialmente contenido», aseguró.
«Eso es lo que distintos economistas advierten cuando hablan de ‘fraude metodológico’: no falsificación burda de cifras, sino la utilización de una fórmula que ya no representa con precisión la realidad del bolsillo», agregó.
Para el edil capitalino, las cifras oficiales muestran que la inflación sigue siendo elevada. «En diciembre de 2025 llegó al 31,7% interanual, con variaciones mensuales cercanas al 2,7/2,9%, impulsadas por aumentos en alimentos, vivienda, servicios públicos y transporte, rubros que impactan directamente en los bolsillos de millones de argentinos», dijo.
«El costo de la canasta básica continúa superando ampliamente lo que muchas familias pueden pagar: en octubre de 2025 un hogar de cuatro personas necesitó más de $1.2 millones solo para no caer en la línea de pobreza, y el incremento de la canasta básica alimentaria muchas veces supera al índice general de precios», siguió, y señaló que «en la práctica, aun con cifras oficiales de desaceleración, miles de hogares siguen sin llegar a fin de mes, ajustan gastos esenciales y dependen de mecanismos extraordinarios para sostener su día a día, una realidad que está lejos de reflejarse con precisión si la metodología estadística no incorpora los patrones reales de consumo».
«En ese marco, la salida de Marco Lavagna de la conducción del INDEC no es un dato menor. Lavagna había encabezado el proceso de reconstrucción técnica del organismo tras la crisis de credibilidad. Su alejamiento, en medio de la discusión sobre cambios metodológicos y actualización de la canasta del IPC, alimenta inevitablemente interrogantes sobre la autonomía real del instituto y la presión política en la definición de criterios técnicos», consideró.
«El costo de vida sigue en niveles que miles de familias no pueden sostener sin endeudarse, reducir consumos básicos o recurrir a asistencia. La pregunta no es solo cuánto baja el índice. La pregunta es si el índice refleja lo que pasa en la mesa de cada hogar», manifestó Farquharson.
«En un contexto de actividad económica estancada, caída en la construcción y consumo debilitado —con impacto visible en provincias como Salta— el incentivo político para mostrar una desaceleración inflacionaria más pronunciada es evidente. Y ahí aparece la contradicción central: un gobierno que hizo de la verdad económica su bandera hoy debe demostrar que no está administrando la metodología estadística para fortalecer su narrativa», expresó.
Para el salteño, «la credibilidad no depende solo del número publicado. Depende de que ese número resista auditoría independiente, debate académico y contraste con la experiencia cotidiana». «En la Argentina jugar con la metodología puede dar rédito en el corto plazo. Pero si la confianza vuelve a quebrarse, el costo será mucho más alto que cualquier punto porcentual», dijo.
«En última instancia, la responsabilidad no es técnica sino política. El Instituto Nacional de Estadística y Censos no actúa en el vacío: responde a un marco de conducción definido por el Poder Ejecutivo. Y bajo la presidencia de Javier Milei, que hizo de la honestidad estadística un estandarte moral, cualquier duda sobre la integridad metodológica del índice de inflación no es un problema administrativo: es un cuestionamiento directo a su palabra. Porque cuando un Presidente convierte la verdad económica en la base de su legitimidad, también asume el costo político completo si esa verdad queda bajo sospecha», finalizó.