Fue tras un plenario realizado en el parlamento en donde empresarios mineros advirtieron que tal como está redactado el proyecto perjudica a las provincias mineras.
El plenario de las comisiones de Recursos Naturales, Presupuesto y Agricultura se reunirá este jueves a las 13 hs para dictaminar el proyecto de régimen de presupuestos mínimos para la identificación, conservación, protección, restauración ecológica y uso racional de los humedales. Los representantes de la Cámara minera advirtieron que “con la redacción del proyecto tal como está «nos quedamos sin industria minera”. Luciano Berenstein aseguró que “como institución e industria productiva, creemos que tienen que desarrollarse manera armoniosa. Somos una industria totalmente controlada y entendemos que se debe respetar el federalismo”.
Por otro lado, Franco Mignacco -también representante del sector minero- indicó que “Argentina hoy es el segundo país con mayores reservas de litio del mundo. Hay proyectos de inversión de más de 5 mil millones de dólares y representa el 60% de las exportaciones del NOA”. “Detrás del petróleo y el gas, la minería tiene los salarios más altos de la economía nacional. De la generación de empleo del 2021, el sector minero viene creciendo a valores sostenidos del 5,6% y en el último año casi el 10%”, añadió.
En ese marco, desde el oficialismo se acusó a gobernadores del norte de frenar el debate mientras otros como el sanjuanino, Walberto Allende, presidente de la Comisión de Minería, adelantó que votará en contra.
Con una posición distinta, el legislador K Leonardo Grosso posteó ayer a la tarde un mensaje utilizando imágenes de incendios forestales en Orán y aclarando que Gustavo Sáenz es férreo opositor a la Ley de Humedales. Grosso trató de recurrir a la ironía diciendo que Sáenz se opone argumentando que en la provincia se aplican medidas ambientales muy fuertes. “Miren como estaba Salta ayer”, posteó Grosso que es el titular de la Comisión de Recursos Humanos.
Conviene recordar que gobernadores como el salteño y de otras provincias cordilleranas advirtieron en su momento que el proyecto perjudica las inversiones en sus territorios y que existen normas que ya resguardan el medio ambiente.
