Luego de que el gobierno remitiera a la legislatura la actualización del mapa, una de las referentes de la organización ambientalista acusó al gobierno de querer desmontar la misma cantidad de hectáreas que se tumbaron entre el 2007 y el 2022.
El escrito fue redactado por Noemí Cruz – coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina – y publicado en el sitio web de la organización. Allí hace referencia a la decisión del gobernador Gustavo Saenz de remitir a la Legislatura un proyecto de ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en el cual propone habilitar desmontes en zonas que antes se hallaban protegidas por la Ley.
“El nuevo OTBN de Salta, permitirá el desmonte de 700.000 hectáreas, una superficie excesiva teniendo en cuenta la alta deforestación que viene teniendo la provincia en las últimas tres décadas, y que Argentina firmó en la Cumbre Climática realizada en Glasgow en el año 2022, un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030. Con esta propuesta el gobernador Sáenz ignora este compromiso y que la Unión Europea (UE) busca evitar la comercialización de productos provenientes de zonas deforestadas. En medio de una crisis climática y de biodiversidad, pretende que se pueda desmontar ‘legalmente’ 100.000 ha por año”, destacó Cruz.
A continuación, la referente ambientalista denunció que la zonificación propuesta no respeta el principio de no regresión ambiental al permitir el desmonte en zonas actualmente pintadas de rojo y amarillo, “algo prohibido por la normativa nacional”. “Esta metodología puede implicar decisiones arbitrarias del Poder Ejecutivo provincial”.
En ese marco, hace semanas que Greenpeace advierte que el nuevo mapa permitirá tumbar más de 700 mil hectáreas en la provincia, una cifra similar a los desmontes realizados “desde la sanción, a fines de 2007, de la Ley Nacional de Bosques (26.331) hasta fines de 2022 en la provincia de Salta se desmontaron 714.052 hectáreas”.
“Esta propuesta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques, además de ser ilegal, promueve la fragmentación de los bosques al no garantizar áreas boscosas continuas, lo que pone en riesgo el funcionamiento del ecosistema forestal y la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté, especie por la cual la provincia se encuentra demandada por Greenpeace ante la Suprema Corte de Justicia”, recordó.
Otro de los puntos señalados fue la situación de los pueblos originarios. Greenpeace recordó que la Ley 26,331 destaca la importancia de respetar los territorios de pueblos originarios y que ello no ocurrió. Para ejemplificar lo último se recordó que no se concluyó el relevamiento territorial de comunidades indígenas establecido por la Ley 26.160 y que a la hora de trabajar la actualización del OTBN no se realizaron talleres en sus territorios y en su idioma originario tal como lo establece la ley;
La grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a poner fin a los desmontes y promover el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos, respetando los derechos y territorios de las comunidades indígenas.
La Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos y de los servicios ambientales que brindan a la sociedad.
