La prensa nacional analiza el caso salteño: discurso eclesiástico hegemónico, tasas de embarazos adolescentes más altas del país, afiches – abortar es matar – muestran el criterio arcaico que mueve a los diputados.
El artículo lleva la rúbrica de Mariana Carbajal y fue publicado en la edición de hoy del diario Página 12. El motivo no es difícil de discernir: los siete diputados de Salta – todos varones y de distintos bloques – adelantaron que votarán en contra de la despenalización y legalización del aborto. Se trata de Miguel Nanni de la UCR; Martín Grande, de Cambiemos; Pablo Kosiner, Andrés Zottos y Javier David, del PJ que responde al gobernador Juan Manuel Urtubey; Sergio Leavy, del FPV y Alfredo Olmedo, el de la campera amarilla y posiciones ultra reaccionarias, que tiene un monobloque.
Tal posición generó la reacción del movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans de la provincia y Carbajal destacó la fuerte interna que ello provocó en la UCR salteña: “las dirigentes de su partido le exigieron a través de una solicitada y con intensas acciones en redes sociales, que reconsidere su voto” destacó la periodista que no dudó en afirmar que los siete diputados pretenden ocultar una realidad insoslayable: “en 2015, se registraron 3529 internaciones en hospitales públicos de la provincia por complicaciones de abortos, de acuerdo con estadísticas oficiales. Salta tiene, además, una de las tasas de embarazos no intencionales en adolescentes más altas del país: casi 8 de cada 10 chicas que se convierten en madres cada año declaran no haber buscado esa gestación, de acuerdo con estadísticas del Sistema Informático Perinatal (2015).
Salta tiene una de las tasas de embarazo en adolescentes más alta del país. Es la cuarta, después de Formosa, Chaco y Misiones: el 22,3% de los bebés que nacen anualmente tienen madres menores de 20 años, de acuerdo con datos de 2015, los últimos disponibles (Anuario de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud de la Nación). Se ubica bien lejos del promedio del país que es 15,5%.
“Se trata de una provincia donde la educación sexual integral llega a cuentagotas, y en su lugar, desde hace una década se venía impartiendo religión católica como materia obligatoria”, precisó Carbajal que también recordó que el año pasado “la Corte Suprema declaró inconstitucional esa imposición en la currícula. Y recién hace pocos días, el gobernador Juan Manuel Urtubey derogó el protocolo de atención de abortos no punibles –que él había dictado en 2012 y que establecía restricciones arbitrarias e ilegales para acceder a una interrupción de embarazo cuando el embarazo provenía de una violación”.
