Lo dispuso el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo. La posibilidad de prórroga por igual período se evaluará según la evolución de la situación epidemiológica provincial.
Como lo hizo el organismo desde el inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, -salvo en las etapas que permitieron flexibilizaciones-, la totalidad de fiscales, funcionarias y funcionarios y personal, trabajan en forma remota y están a disposición telefónicamente durante las 24 horas. La atención al público se restringirá totalmente a partir de este jueves.
La Resolución 1079 establece también que cuando lo requieren las necesidades del servicio, por audiencias, personas presas y otras situaciones, las funcionarias y funcionarios deberán concurrir a las oficinas para la articulación de las diligencias procesales, conforme el cronograma de guardias rotativas establecido. Además, quedó establecido que las y los fiscales, asumirán la vista de sus intervenciones de acuerdo a ese cronograma y deberán verificar en los Juzgados de Garantías habilitados, la necesidad de los actos procesales que se requieran.
El mismo texto exhorta a todas las personas integrantes del Ministerio Público Fiscal al estricto cumplimiento del aislamiento social y preventivo en el ámbito de sus incumbencias y responsabilidades, como de todas las medidas de prevención e higiene emanadas por las autoridad sanitaria local, para evitar cualquier tipo de situación que pueda generar atisbos o principios de contagio en sus ámbitos de actuación.
Es que frente a las circunstancias excepcionales que está atravesando la sociedad, resulta imprescindible que el Ministerio Público Fiscal asegure su capacidad de adaptar los recursos materiales y humanos que sean necesarios para responder a las contingencias que el presente contexto sanitario genera en todo el país y en especial, en la provincia. Por ello, desde el 20 de marzo pasado, se articuló un esquema de trabajo esencialmente dinámico y sujeto a la permanente evaluación y adecuación en su funcionamiento. Todo ello, en consonancia con las recomendaciones sanitarias vigentes, lo que permitió además garantizar la prestación del servicio de justicia.
Y hoy, la Procuración General se encuentra obligada a adoptar decisiones indispensables, con la urgencia y premura que demanda la coyuntura sanitaria local, a partir de las últimas declaraciones de circulación viral comunitaria de Covid-19 de la Ministra de Salud y su par, el Ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia y las medidas restrictivas del Comité Operativo de Emergencia.