La eliminación del FISU dejó obras de infraestructura paralizadas en toda la provincia. La Cámara de Diputados de Salta declaró su respaldo a la restitución del fondo, que durante su vigencia solo alcanzó a financiar proyectos en 28 de esos asentamientos.
La Cámara de Diputados de Salta declaró su posición a favor de restituir el Fondo de Integración Socio-Urbana (FISU), el fideicomiso nacional que financiaba obras de infraestructura en barrios populares y fue eliminado al inicio de la gestión de Javier Milei. La medida parlamentaria reactiva el reclamo de organizaciones que llevan más de dos años sin respuesta del Gobierno nacional.
En toda la provincia existen 354 barrios populares donde residen cerca de 41.000 familias, de las cuales solo las ubicadas en 28 barrios llegaron a contar con proyectos financiados por el FISU. Según publica Nuevo Diario, muchos de esos proyectos quedaron inconclusos tras el corte del financiamiento.
Román Oviedo, presidente del Centro Vecinal de barrio 20 de Junio e integrante de la Mesa de Barrios Populares, calificó la declaración legislativa como «una noticia positiva para las comunidades» tras más de dos años de reclamos.
«Desde que asumió el nuevo Gobierno nacional venimos insistiendo por la falta del fideicomiso y porque la Secretaría de Integración Socio-Urbana dejó de intervenir en obras, no solamente en Capital sino en toda la provincia», afirmó en entrevista radial.
El barrio La Cerámica figura entre los casos con obras paralizadas a mitad de proceso. «La mitad del barrio quedó con acceso a agua, cloacas, pavimento y cordón cuneta, mientras que la otra mitad no. Para quienes viven allí es una obra inconclusa», señaló Oviedo. También mencionó la falta de agua en ampliación 20 de Junio y proyectos para el barrio Tinkunaku que nunca se ejecutaron pese a contar con documentación presentada.
El dirigente recordó que el FISU se financiaba con el Impuesto PAIS, el impuesto a las grandes fortunas y el impuesto al cheque, y que su cierre también arrastró la eliminación de programas complementarios como Mi Pieza, destinado a mejoras habitacionales internas. «Estamos hablando de barrios que tienen entre 25 y 45 años de existencia. No son nuevas ocupaciones. Son familias que viven desde hace décadas esperando acceder a servicios básicos y a la regularización de la tierra», expresó.
«En Capital son alrededor de 9.000 familias y en toda la provincia unas 41.000 que viven en barrios populares. Es una cuestión de justicia habitacional y de igualdad de oportunidades para salteños que todavía en 2026 siguen sin acceso pleno a agua, luz, cloacas y tenencia de la tierra», concluyó Oviedo. La declaración de la Cámara provincial aún aguarda respuesta del Gobierno nacional.