Esas vacunas requieren una cadena de frío de 70 grados bajo cero. Hay provincias como la nuestra que carecen de infraestructura y logística necesaria para garantizar esas condiciones. La situación generó tensiones en el gabinete nacional.
La situación empieza a generar cortos circuitos en el gabinete nacional según algunos medios. El presidente Fernández se embarcó en la negociación con Pfizer por sugerencia del ministro de Salud, Ginés González García, y ejerció su poder para facilitar que el laboratorio yanqui entregara millones de dosis de la futura vacuna contra el COVID-19 antes de fin de año.
En medio de las dificultades del proceso, Alberto Fernández asumió que la solución era comprar vacunas antes de su aprobación legal para escapar de la ola de demandas que cruzaría al planeta y aplicó toda su decisión política por consejo del ministro González García. En este contexto, el presidente forzó la rápida aprobación de una Ley de Vacunas a la medida de las exigencias jurídicas de Pfizer. El proyecto fue sancionado en la Cámara de Senadores a fines de octubre. En lo central, lo aprobado suponían un paraguas legal para Pfizer que Alberto Fernández avaló y el Congreso votó para lograr que Argentina acceda sin dilaciones a la vacuna contra el COVID-19.
Pese a los gestos políticos del Gobierno, la negociación con Pfizer se empantanó en las últimas semanas. “La vacuna de Pfizer debe mantenerse por debajo de los 70 grados bajo cero, y esa información clave era manejada por González García cuando sugirió al Presidente que negociara con la compañía farmacéutica de los Estados Unidos. Argentina no tiene infraestructura para mantener estable la vacuna de Pfizer en el conurbano y menos aún para organizar un traslado de millones de dosis al interior del país. Se necesitan aviones con sistemas a base de hidrógenos y voluminosas heladeras que mantengan las vacunas a – 70 ºC”, destacó el sitio Infobae en su edición de hoy.
Sin esta logística, la vacuna de Pfizer se transforma en un artilugio farmacéutico con final abierto. De allí que sus representantes legales plantearon al Ministro de Salud que necesitaban una nueva protección jurídica ante la endeble infraestructura estatal de la Argentina que –se dice- no puede garantizar que la vacuna llegue en condiciones técnicas normales a las provincias. Las provincias que se mencionan al respecto en la prensa nacional son “Formosa, Jujuy, Salta o Santiago del Estero, por citar cuatro casos obvios”, se destaca.
“El Presidente es un experto de derecho penal y conoce cómo funciona el poder en la Argentina. Los pollos de Mazzorín podrían ser una anécdota política frente al escándalo de comprar 3 millones de vacunas de Pfizer que terminan destruidas porque se rompió la cadena de frío y ya no se pueden aplicar a los seres humanos”, destacó Infobae.
