El proyecto de Yolanda Vega prevé penas de hasta 25 años de prisión. Se busca combatir una forma estructural de violencia sexual que afecta a mujeres, niñas, niños y adolescentes de comunidades indígenas.
La diputada nacional por Salta del bloque Innovación Federal Yolanda Vega presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley destinado a tipificar de manera autónoma en el Código Penal la práctica conocida como “chineo”, una forma de violencia sexual sistemática ejercida principalmente contra mujeres, niñas y adolescentes pertenecientes a pueblos originarios.
La iniciativa propone la incorporación de los artículos 133 bis y 133 ter al Código Penal de la Nación, con el objetivo de dar una respuesta específica a un fenómeno que, según se señala en los fundamentos, no logra ser adecuadamente abordado por las figuras penales vigentes. El proyecto establece penas de entre 8 y 20 años de prisión para quienes cometan estos actos, que podrán elevarse hasta los 25 años en casos agravados.
Entre las circunstancias agravantes previstas se incluyen que la víctima sea menor de 16 años, la participación de dos o más personas, el uso de armas, alcohol o sustancias psicoactivas, el abuso de una posición de autoridad —como en el caso de funcionarios públicos, fuerzas de seguridad, personal de salud o educación—, así como situaciones que deriven en embarazo, enfermedades de transmisión sexual, lesiones graves o cuando la víctima tenga una discapacidad.
El proyecto también incorpora sanciones para quienes faciliten, promuevan, organicen o financien la práctica, aun cuando no participen directamente en el hecho. En estos casos, las penas oscilarán entre 4 y 12 años de prisión, y se prevén responsabilidades adicionales para personas jurídicas.
En los fundamentos, Vega advierte que el “chineo” es una práctica arraigada en contextos de desigualdad histórica, discriminación étnica y exclusión socioeconómica, con presencia registrada principalmente en provincias del norte argentino como Salta, Chaco, Formosa y Misiones. Se trata, sostiene, de una forma de violencia colonial que persiste en el tiempo y cuyas víctimas son, en una proporción alarmante, niñas y adolescentes de entre 10 y 16 años.
La diputada señala que, si bien la legislación vigente contempla delitos contra la integridad sexual, la falta de un tipo penal específico ha contribuido a la impunidad, al no reflejar la particularidad del desplazamiento intencional hacia comunidades indígenas ni el aprovechamiento de su vulnerabilidad colectiva. En ese sentido, remarca el carácter no solo punitivo sino también simbólico y pedagógico de la propuesta, al visibilizar y condenar de manera expresa esta conducta.