Sergio «Topo» Ramos sostuvo que todas las etapas estuvieron a cargo del Instituto Provincial de Vivienda. Aurelia Córdoba, edil oficialista y ex presidenta del Concejo Deliberante, figura entre los preseleccionados para las 93 viviendas. La oposición pidió explicaciones sobre los requisitos que acreditó.
El sorteo se realizó el 1 de octubre en el Centro Municipal de Convenciones de Rosario de Lerma, con autoridades provinciales y municipales presentes. La Escribanía de Gobierno certificó el acto. El IPV había habilitado a 530 postulantes para competir por 93 unidades, es decir, casi seis familias por cada vivienda. Para participar debían tener la ficha social inscripta o actualizada en el período correspondiente y acreditar ingresos de al menos tres salarios mínimos, vitales y móviles. El organismo fijó un plazo de 10 días para presentar observaciones o impugnaciones fundamentadas sobre las familias preadjudicatarias.
En su publicación, Ramos afirmó que el IPV llevó adelante el procedimiento de manera pública y que sus autoridades verificaron el cumplimiento de las condiciones normativas. El intendente admitió además que el resultado puede generar malestar entre quienes esperaban una vivienda, en especial por la participación de dirigentes políticos. Planteó que la eventual habilitación de un funcionario para intervenir en un sorteo debe evaluarse dentro del marco legal y que cada participante debe asumir las consecuencias de su decisión.
Por su parte, la concejala opositora Camila Jorge recordó que Córdoba había acompañado iniciativas vinculadas con el control de viviendas sociales. «Una banca no debería convertirse en un escudo frente a los cuestionamientos de la ciudadanía», sostuvo.