jueves 6 de febrero de 2025
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Revés para les leones | La justicia ordena al gobierno de Milei sostener políticas de género

A escasos días de que el presidente desatara la polémica en Davos al rechazar el concepto de femicidio, un fallo judicial frenó los intentos del gobierno libertario por desmantelar programas de prevención y asistencia a mujeres en situación de violencia.

En el marco del Foro de Davos, el presidente Javier Milei negó la existencia del femicidio como una forma agravada de homicidio, desatando críticas tanto a nivel nacional como internacional. De forma paralela, el Gobierno anunció que presentará un proyecto de ley denominado “Igualdad ante la Ley” para eliminar al femicidio como agravante en el Código Penal. Sin embargo, un fallo judicial reciente obligó al Ejecutivo a mantener las políticas públicas dirigidas a prevenir y asistir a víctimas de violencia de género.

Según se conoció en las pasadas horas, la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Federal rechazó la apelación del Ministerio de Justicia sobre una medida cautelar que prohíbe desmantelar los programas de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. El fallo obliga al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, a garantizar el funcionamiento de estas políticas, a pesar de los intentos previos del Gobierno de reducir recursos y personal.

La medida cautelar había sido solicitada por diversas organizaciones sociales, entre ellas Ni Una Menos y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), tras el anuncio del cierre de la Subsecretaría en junio pasado. La cartera de Cúneo Libarona negó el cierre, pero no presentó pruebas que acreditaran la continuidad de los programas. La Cámara subrayó que hasta febrero, cuando concluya la feria judicial, el Ejecutivo debe acatar plenamente la medida.

Desde ELA y otras organizaciones resaltaron la importancia del fallo en un contexto de retroceso en las políticas de género promovido por la actual administración. “El Estado debe prevenir y reparar las violencias de género, y garantizar que no se elimine este agravante del Código Penal”, expresó Patricia Sotile, abogada de ELA, advirtiendo sobre los riesgos de desmantelar estas políticas en un país donde los femicidios continúan siendo una grave violación a los derechos humanos.

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