Comunidades indígenas exigen la presencia de bioquímicos y agentes sanitarios ante la desatención de las autoridades. La medida de fuerza se mantendrá hasta que se concrete un diálogo con los responsables.
Este martes, habitantes de Santa Victoria Este, en la provincia de Salta, tomaron el hospital «Khacha Wet Chowhay» de Alto de La Sierra en protesta por la falta de respuestas a sus reclamos sanitarios. La medida fue impulsada por caciques de Pozo El Bravo, ubicado a 60 kilómetros al oeste de Alto de La Sierra, quienes llegaron al nosocomio para exigir la presencia de agentes sanitarios y bioquímicos en la zona.
Según informó El Tribuno, los líderes indígenas dialogaron con autoridades locales y presentaron actas oficiales dirigidas al Ministerio de Salud provincial y al intendente de Santa Victoria Este, Rogelio Nerón. La toma del hospital, cabecera del Área Operativa 44, se realizó de manera pacífica y con aviso previo a la policía. Los manifestantes aseguran que la medida se mantendrá por tiempo indefinido hasta que las autoridades se presenten a dialogar y atiendan sus demandas.
Uno de los reclamos centrales es la falta de un bioquímico en la región, una figura esencial para diagnosticar enfermedades como las diarreas, frecuentes en épocas de altas temperaturas y crecidas del río Pilcomayo. Desde las comunidades destacan que, tras la muerte del bioquímico Julio Ruesga hace más de dos años, no han tenido un profesional que cubra esa especialidad. Aseguran que han realizado múltiples solicitudes a las autoridades, pero hasta el momento no han obtenido respuestas concretas.
Por otro lado, desde Pozo El Bravo denuncian la ausencia de agentes sanitarios desde hace dos años, lo que ha dejado a las comunidades indígenas sin controles médicos básicos. Esta situación afecta especialmente a niños, embarazadas y personas que necesitan vacunas, seguimientos de peso y talla, y acceso a programas sociales. Los caciques aseguran que, al no contar con registros sanitarios actualizados, las comunidades están «borradas del mapa», lo que limita su acceso a beneficios sociales y educativos.
