Como otros dirigentes de la oposición, el diputado nacional por Salta del PRO se alarmó del nuevo anuncio de Alberto Fernández: el congelamiento hasta fin de año las tarifas de telefonía móvil, internet y TV paga.
La inclinación a rechazar todo se ha vuelto crónica en la oposición argentina. Allí reviste el legislador salteño Martín Grande que no sólo se niega a debatir en el parlamento el proyecto de Reforma Judicial, sino que ahora se mostró alarmado por la decisión del gobierno nacional de congelar las tarifas de los servicios mencionados anteriormente.
“Regulación a full. Qué duro lo que se viene”, posteó el salteño tras compartir un hilo de Twitter compartido por el presidente Alberto Fernández en el día de ayer que decía lo siguiente: “Hemos decidido declarar servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de internet y a la televisión paga. De esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas”. “También hemos dispuesto congelar hasta el 31 de diciembre las tarifas telefónicas, de internet y de televisión paga. Ante las restricciones que la pandemia nos impone, nadie deberá resignar parte de sus ingresos en afrontar aumentos en los precios de estos servicios”, escribió el presidente.
La norma firmada por Alberto Fernández señala que «la ONU ha expresado en diversos documentos la relevancia de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para el desarrollo de una sociedad más igualitaria y la importancia de que a todas las personas les sea garantizado su acceso a las mismas». También destaca que «las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones representan no sólo un portal de acceso al conocimiento, a la educación, a la información y al entretenimiento, sino que constituyen además un punto de referencia y un pilar fundamental para la construcción del desarrollo económico y social».
El DNU también apuntó al Gobierno anterior y subrayó que «mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 267/2015 se derogó gran parte del andamiaje legalmente establecido en materia de servicios de comunicación audiovisual y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, abandonándose la idea del acceso a estos últimos como un derecho humano, dejándolos librados a ley de la oferta y demanda como una simple mercancía».
