Un testigo describió cómo familiares transferían dinero a cuentas indicadas por otros internos para obtener acceso a wifi. El exdetenido mostró reticencia a ampliar sobre señalamientos previos contra funcionarios penitenciarios.
Un exrecluso de la Unidad Carcelaria 1 de Salta detalló ante el tribunal el mecanismo utilizado para acceder a celulares con internet durante su detención entre 2020 y 2023. Su testimonio se enmarca en el juicio contra veinte personas acusadas de integrar una red narcocriminal que operaba en el penal.
El testigo de la fiscalía explicó que su familia realizaba transferencias monetarias a cuentas de CBU que otros internos le proporcionaban anotadas en papelitos. En estas notas también se especificaba el monto requerido y el tiempo permitido para usar el wifi, supuestamente para estudiar de manera virtual.
Describió que solicitaba las transferencias llamando a sus familiares desde el teléfono fijo del penal o desde el mismo celular que le prestaban. Evitaba preguntar de quién era el dispositivo para no tener problemas, según declaró ante el tribunal integrado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Aranibar.
Durante la audiencia, el exdetenido mostró reticencia a responder preguntas relacionadas con su declaración previa en fiscalía, donde había calificado al Servicio Penitenciario como «feroz, corrupto y perverso» y señalado a un agente como «cabecilla» de quienes introducían teléfonos y drogas para vender a los detenidos.
En esa instancia investigativa también había indicado que dos celadores pasaban los teléfonos y drogas durante el cambio de guardia, aprovechando esa ventana de tiempo. Había mencionado además que cierto funcionario cobraba por el acceso a extramuros y por beneficios como obtener puntos de concepto.
Según informó la prensa del Poder Judicial, debido a su negativa a ampliar sobre estos señalamientos, el tribunal ordenó la demora del testigo hasta el día siguiente con protección necesaria. El proceso por comercialización de estupefacientes y asociación ilícita está a cargo del procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt.