El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Salta difundió su Informe Anual 2025. Hacinamiento crónico, falta de acceso a la salud de los internos, denuncias por torturas y muertes bajo custodia son algunos de los puntos denunciados.
“El problema de la sobrepoblación o hacinamiento carcelario de la provincia de Salta (…) es la primera causa generadora de violaciones de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad”, advierte el informe. A la generalización la refuerzan con datos empíricos: hasta el 9 de diciembre de 2025 había un total de 3.938 presos en un Servicio Penitenciario que dice contar con 2.895 plazas. Traducido: la sobrepoblación es del 36,03%.
Pero si los números se evalúan en base a estándares internacionales de habitabilidad (espacio mínimo por persona, ventilación, luz natural, sanitarios), la capacidad real del sistema es de apenas 1.621 plazas y la sobrepoblación real ascendería al 142,94%: 2.317 personas exceden el cupo real total. “Las unidades más críticas en cuanto hacinamiento son la Alcaidía N°1 de Capital: 232,98% de sobrepoblación; la Unidad Carcelaria N°3 de Orán, 205,03%; y la Alcaidía N°2 de Tartagal con 900% de súper población”, precisó en su edición de hoy la sección local del diario Página 12.
El informe también marca una tendencia de género: entre 2022 y 2024 la tasa de encarcelamiento de mujeres aumentó 37,94%, mientras la de los varones bajó 1,23%. En números concretos, la población femenina pasó de 194 a 269 mujeres en unidades del Servicio Penitenciario.
Los problemas en el acceso de los internos a la salud fueron otra vez motivo de quejas. Se denuncian demoras en turnos, falta de medicamentos y traslados obstaculizados por falta de móviles. También se registraron 43 casos de agresión física, 29 de hostigamiento, 25 de amenazas, 12 de aislamiento solitario, y 3 de agresiones sexuales, entre otras categorías. Entre 2024 y 2025 se iniciaron 20 denuncias penales por torturas o malos tratos ante la Fiscalía de Derechos Humanos, un aumento del 200% respecto del período anterior.
El acceso de las y los internos a la educación fue otro punto con enormes falencias. Según un diagnóstico elaborado junto al CONICET el 73% de la población carcelaria salteña (2.870 personas) no participa de ningún programa educativo, formal o no formal. Solo el 16% accede a escolarización formal, y menos del 1% cursa estudios universitarios. “La educación en las cárceles de Salta subsiste hoy de manera fragmentaria, precarizada y desigual, sostenida casi con exclusividad por prácticas de autogestión de las comunidades educativas y por el voluntarismo militante de un cuerpo docente que costea los materiales”.
El CPT también identificó 5 muertes bajo custodia en 2025. Para el Comité, las que ocurrieron durante internaciones deben abordarse como una señal de alerta ante posibles demoras o fallas en el acceso a la salud. También se puso el foco en el caso de Ezequiel Fernando Avendaño Laime, quien falleció tras el incendio en una celda de la Alcaidía General N°1 que tenía capacidad para 8 detenidos, aunque en el lugar estaban alojados 25. “El CPT señala que mientras Avendaño Laime luchaba por su vida internado, se le había concedido la libertad, noticia de la que nunca llegó a enterarse. Además subrayó que este siniestro era ´absolutamente evitable´ porque ya lo habían hecho advertencias en monitoreos anteriores realizados en esa misma celda”, destaca el medio citado.
“Entre otros puntos, el informe también le dedica un capítulo a los Institutos Especializados de Alojamiento (IEA) para adolescentes. La conclusión general es que el sistema mantiene una lógica securitaria y penitenciaria, en lugar de un abordaje integral especializado en adolescencia, y que el personal proviene mayormente del Servicio Penitenciario sin formación específica en derechos humanos ni en niñez”, destacó el medio ya citado.