Organizaciones civiles acusan a funcionarios de Milei por violar normas ambientales y favorecer intereses privados. Solicitan suspender el proceso licitatorio por su alto impacto ambiental.
El proceso de licitación para la modernización de la Vía Navegable Troncal, anunciado en noviembre pasado por el Gobierno nacional, enfrenta una denuncia penal por presuntas irregularidades y violaciones a normas ambientales. La presentación, realizada esta semana ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°9, señala al ministro de Economía, Luis Caputo, y al subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Iñaki Miguel Arreseygor, como responsables de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles.
Organizaciones como el Movimiento por el Agua (MOPEA), Naturaleza de Derechos y el Observatorio del Derecho a la Ciudad fundamentaron la denuncia en la falta de participación ciudadana y de una evaluación estratégica ambiental, indispensables para un proyecto que afecta dos cuencas hídricas clave: los ríos Paraná y De La Plata. Los denunciantes sostienen que los pliegos de licitación priorizan intereses privados, al tiempo que ignoran el impacto transgeneracional del plan de obras.
Como medida cautelar, las entidades solicitaron la suspensión inmediata de disposiciones clave que habilitan el avance del proceso. Argumentaron que las obras propuestas, como dragados profundos y nuevas terminales portuarias, podrían intensificar la contaminación de sedimentos y aumentar significativamente el tráfico de embarcaciones de gran porte, sin un análisis adecuado sobre su factibilidad ambiental.
Los denunciantes también cuestionaron el abordaje estatal hacia actividades de alto impacto, como la megaminería y el fracking, señalando un patrón de desatención a la normativa ambiental. Destacaron que, en el caso de la Hidrovía, esta negligencia podría tener consecuencias graves para seis provincias y la Ciudad de Buenos Aires, cuyas poblaciones dependen del agua de estas cuencas.