La AFIP detectó a 31 personas adultas en condiciones de explotación laboral y tres niños que se presume que serían víctimas de trabajo infantil. Las fincas involucradas se ubican en el departamento de San Martín y Anta.
Las fincas están dedicadas a la producción de hortalizas y de caña de azúcar y los procedimientos de la AFIP contaron con la participación de fuerzas federales y otras dependencias públicas nacionales y locales. La información precisa que en esos campos detectaron «indicios compatibles con la trata de personas con fines de explotación laboral, reducción a la servidumbre y trabajo infantil, en un marco de extrema vulnerabilidad y condiciones laborales y habitacionales sumamente precarias».
En el caso de la finca dedicada a la producción de caña de azúcar, los trabajadores provenían de una localidad limítrofe de Bolivia. Arribaban a pie a la finca salteña en donde cosechaban, cortaban y cargaban la caña de azúcar en camiones de lunes a viernes.
«Las presuntas víctimas realizaban sus necesidades en la intemperie ya que carecían de sanitarios, agua corriente o potable. Las mujeres solían utilizar un pozo tipo letrina, con pequeñas carpas y bolsas que rodeaban un agujero en la tierra. No contaban con espacio de duchas, ni algún lugar para poder refrescarse e higienizarse luego de las largas jornadas laborales», reseña el parte de prensa difundido.
En el campo de Anta, las personas relevadas trabajaban de lunes a sábados durante «extensas jornadas». Los funcionarios nacionales constataron condiciones de hacinamiento en la pequeña vivienda provista por los empleadores. Pernoctaban en colchones en el suelo apoyados sobre una base de cajones de madera. “En ambos operativos se pudieron identificar a niños de 14 años de edad que realizaban las mismas tareas que las personas adultos” reseñó en su edición de hoy la sección local del diario Página 12.
La AFIP informó que ante los «evidentes indicios compatibles con los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral, reducción a la servidumbre y trabajo infantil», radicó dos denuncias penales ante la justicia federal salteña. De los operativos participaron miembros de la Gendarmería Nacional, de la Dirección Nacional de Migraciones y de la Secretaría de Trabajo provincial.
