El senado le daría hoy la medida sanción que falta al proyecto que actualiza el Mapa del OTBN y habilita el desmonte de otras 700 mil hectáreas en Salta. El referente de la izquierda salteña aseguró que el proyecto supone darle una navaja al mono.
El proyecto cuenta con la media sanción de la cámara de diputado y hoy será debatido en el senado. Fue remitido al parlamento por el ejecutivo y es cuestionado por distintas organizaciones que lo definen como ilegal por habilitar categorías no contempladas por la Ley nacional, flexibiliza controles y habilita 700 mil hectáreas de desmontes.
El ex diputado nacional por Salta aseguró que el apoyo de la Sociedad Rural salteña a la iniciativa indica bien cuáles los intereses en pugna. “Su presidente, Joaquín Elizalde, defendió el proyecto públicamente en distintos medios de comunicación. A los ruralistas los apura una resolución de la Unión Europea que establece que no permitirá el ingreso de materias primas o productos asociados a la deforestación. La SRA supone que la aprobación del ordenamiento territorial evitaría perjuicios de dicha resolución a la producción local, por eso vienen reclamando su inmediato tratamiento desde hace tiempo”, destacó el referente en un artículo publicado en el sitio de Prensa Obrera.
Allí López retoma las palabras del ruralista que, con tono celebratorio, destaca que el nuevo mapa suma 700 mil hectáreas al millón cuatrocientas mil que ya están en producción. “A eso dice que hay que sumarle un millón y medio más de las tres millones de hectáreas que están en amarillo” se alarma López al repasar las declaraciones de Elizalde al diario La Nación.
Pablo López cuestionó la defensa que hiciera el gobernador Sáenz del proyecto cuando se preguntó de qué sirve tener una gran reserva natural si hay gente muriéndose de hambre. “Hay que explicarle al gobernador que la gente se muere de hambre porque él, en complicidad con el presidente Milei, está aplicando el ajuste más grande de la historia. Pero, además, porque en Salta gobierna un régimen político, del que él es parte, que ha defendido los intereses de los grandes terratenientes que ampliaron significativamente la frontera agropecuaria, incluso con desmontes ilegales, obtuvieron enormes ganancias y pagan un miserable impuesto inmobiliario rural”, sentenció.
López también se refirió al “color amarillo oscuro” que el gobierno incorpora al mapa y señala que se trata de una categoría ambigua que no existe en la ley de bosques. “Su inclusión es una violación de la ley” como denuncian las organizaciones ambientalistas, sin dejar de remarcar que “texto del proyecto de ley le da un cheque en blanco al gobierno para decidir que parte de la misma pasa a la categoría III (verde). Es lo que estipula el artículo 2, que le da la navaja a un mono”.
El dirigente trotskista destaca también cómo el gobierno y ciertos medios de comunicación resaltan el respaldo técnico-científico de profesionales de institutos de la U.N.Sa. el Inta, el Conicet, el INAI o la Administración de Parques Nacionales que participaron del proceso de elaboración del nuevo mapa; aunque López denuncia que ello sólo supone que el Grand Bourg “encontró allí una legitimación a su proyecto”. “Al mismo tiempo, el gobierno provincial ha reivindicado que cuenta con el aval del gobierno nacional. Si, el del negacionista del cambio climático. Otra cosa que habla por sí misma”, remarcó.
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