El gremio del gas vincula el despido de un trabajador con un proceso de reducción de personal, tercerización y desinversión que se extiende desde hace años. Reclamó la intervención de las autoridades para preservar los puestos de trabajo y la operatividad del sistema.
El Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas de Salta y Jujuy manifestó preocupación por el despido de un trabajador de Naturgy y advirtió que la reducción de dotaciones propias, el traslado de tareas a empresas contratistas, el cierre de oficinas comerciales y la falta de inversiones ponen en riesgo la continuidad del servicio de distribución de gas en Salta y en toda la región del NOA.
«Estamos frente a una política de ajuste que impacta directamente sobre los trabajadores y sobre un servicio público esencial para miles de familias. Menos personal significa menos capacidad de respuesta, menos mantenimiento y mayores riesgos operativos», expresó Javier Maccio, Secretario General del sindicato, en declaraciones que recogió El Expreso de Salta.
«Muchas de las empresas contratistas no cuentan con los niveles de capacitación, experiencia y conocimiento de la red que poseen los trabajadores de carrera. Estamos hablando de una actividad donde un error humano puede tener consecuencias graves para los trabajadores, para los usuarios y para la seguridad pública», indicó Maccio al cuestionar la tercerización de funciones que históricamente realizó personal propio de la distribuidora.
«Vemos con preocupación cómo la empresa se va retirando de los territorios. Cierran oficinas, reducen personal y trasladan cada vez más servicios a canales virtuales. Pero detrás de cada oficina que se cierra hay usuarios que pierden acceso a una atención personalizada y trabajadores que ven amenazada su fuente laboral», sostuvo el dirigente al referirse al cierre de espacios de atención presencial.
El sindicato reclamó a Naturgy que revierta las decisiones y convocó a las autoridades a intervenir para resguardar los puestos de trabajo y garantizar la seguridad operativa del sistema. «La seguridad de los trabajadores y de los usuarios debe ser una prioridad. Defender el empleo en la industria del gas también es defender un servicio público seguro, eficiente y accesible. Si no se corrige este rumbo, el riesgo es que toda la región termine padeciendo las consecuencias de la falta de personal, de mantenimiento, de inversión y de una empresa cada vez más alejada de las comunidades a las que debe prestar servicio», concluyó Maccio.