martes 27 de febrero de 2024
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Salta

Condenan a exintendente salteño y su esposa por manejos espurios con una hostería municipal

Ambos deberán reparar el daño ocasionado al municipio con un pago de $1.000.000. Estos hechos fueron descubiertos tras una denuncia presentada por la Auditoría General de la Provincia en 2020, que reveló irregularidades en el manejo de los fondos del municipio de Angastaco.

El exintendente de Angastaco, Eduardo Ramón Díaz, fue sentenciado a prisión de ejecución condicional por peculado, mientras que su esposa, Alicia Elvira Ríos, recibió una condena por su participación necesaria en el mismo delito y por falsificación de instrumento público. Se determinó que el perjuicio auditado por la UDEC ascendió a $141.412,74 durante el año 2018.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal durante el juicio en el que se admitió la culpabilidad de Díaz y Ríos. Como resultado, el exintendente recibió una condena de tres años de prisión de ejecución condicional, junto con la inhabilitación absoluta perpetua, mientras que su esposa fue sentenciada a dos años y tres meses de prisión de ejecución condicional, además de reglas de conducta.

Municipalidad de Salta

Las investigaciones revelaron que la esposa del exintendente administraba la Hostería municipal desde diciembre de 2017 sin contrato de concesión, mientras que el responsable de cobranzas no estaba registrado. Se descubrió que Ríos utilizaba su cuenta personal de Mercado Pago para recibir pagos en efectivo y tarjetas de crédito correspondientes a reservas de la Hostería, sin rendir cuentas a la Municipalidad. Asimismo, se determinó que Díaz designó a su esposa como encargada sin seguir los procedimientos administrativos adecuados.

En su defensa, Ríos presentó una Resolución 33/18 bis como prueba de su designación, pero la Municipalidad de Angastaco informó que no existía registro de dicha resolución en el Libro de Actas. Estas circunstancias llevaron a la acusación por parte de la fiscal Salinas Odorisio. Con esta condena, se busca reparar el daño causado al municipio y enviar un mensaje claro sobre la responsabilidad y transparencia en la gestión pública.

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