Los operativos policiales contra los originarios diaguitas comenzaron el sábado por la mañana. También consideraron inaceptable instalar dudas sobre la legitimidad de los derechos de propiedad y posesión que asisten a las comunidades diaguitas.
Todo comenzó el sábado por la mañana cuando efectivos de la división Infantería de la Policía salteña llegó a Cachi para ejecutar una orden librada el viernes por la jueza Civil y Comercial 5, María Fernanda Diez Barrantes. Es la que tramita la causa que tiene enfrentados por una cuestión de arriendos a Florencia Wayar y al comunero diaguita Agustín Mamaní. Aunque la orden contemplaba solo a la familia Mamaní, los policías arremetieron contra otra cinco familias que habitan el catastro 2884 del paraje San Gabriel, territorio del pueblo Diaguita Kallchaki. A esas familias se le sumó ahora el desalojo de una familia de apellido Guzmán que no se reconoce como comunera y tampoco integra el grupo demandado.
En ese marco, se suceden los repudios al accionar policial. Ahora fue el turno de unidades académicas universitarias e institutos de investigación científica de la Universidad Nacional de Salta como el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades (ICSOH), la Maestría y Especialización en Derechos Humanos y la Facultad de Humanidades de la U.N.Sa.
Tras explicitar el repudio al violento accionar policial, las instituciones y unidades académicas firmantes expresaron su “preocupación por el avasallamiento y vulneración de derechos y garantías legales que estas acciones constituyen, e instamos al Estado a respetar y cumplir los marcos jurídicos vigentes”.
Tras aclarar que los equipos producen sistemáticamente conocimiento científico respecto al pasado de las comunidades y grupos sociales que habitaron pueblos y parajes del Valle Calchaquí, los académicos manifestaron que “en base a evidencias arqueológicas, documentación histórica y registros antropológicos y etnográficos, es absolutamente inaceptable que se siembre sospecha e instale duda respecto a la legitimidad de los derechos de propiedad y posesión que asisten a las comunidades diaguitas calchaquíes como pobladores ancestrales de ese territorio. La vitalidad de las prácticas y expresiones culturales, los conocimientos ancestrales transmitidos por generaciones y recreados por la vía de la oralidad, y las formas de producción agrícola y ganadera constituyen, junto a otros tantos indicios materiales, pruebas indiscutibles de la permanencia y posesión ancestral a lo largo del tiempo en esas tierras”, resaltaron.
“En ejercicio de su derecho a la libre determinación, los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y elegir sus instituciones y representantes. En el dpto Cachi, según el último Censo del INDEC (2022), la población indígena representa el 17.66%. Además, existen ocho comunidades a las que el Estado argentino reconoce la posesión actual, tradicional y pública de los territorios. Estas comunidades poseen personería jurídica y realizaron las instancias técnicas requeridas por el Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas”, finalizan.