El rector de la UNSa mantuvo una reunión con representantes de los gremios universitarios donde destacaron la importancia de la nueva legislación para recomponer salarios, mientras crece la preocupación por un posible veto presidencial.
La aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso Nacional ha despertado expectativas en el ámbito académico salteño. El Ing. Daniel Hoyos, Rector de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), mantuvo una reunión los representantes de ADIUNSa y APUNSa -Diego Maita y Stella Mimessi- para analizar el impacto de esta normativa que promete actualizar salarios y partidas presupuestarias para gastos de funcionamiento, investigación y extensión universitaria.
La ley, respaldada por una amplia mayoría en ambas cámaras, responde a meses de reclamos del sector universitario. Sin embargo, el anuncio de un posible veto por parte del presidente Javier Milei ha generado inquietud. En respuesta, los gremios han solicitado al Rector Hoyos gestionar una reunión con legisladores salteños para impulsar la rápida promulgación y reglamentación de la ley.
El Prof. Diego Maita, Secretario General de ADIUNSa, calificó la sanción de la ley como un triunfo de los trabajadores que han sostenido un plan de lucha desde inicios de año. «Siempre hemos hecho paro en los últimos gobiernos, pero entendemos que hoy es fundamental volver al escenario de noviembre del año pasado porque implicaría un incremento salarial importante», afirmó Maita. Además, enfatizó la necesidad de una implementación inmediata, argumentando que esto permitiría «tener un poco más de previsibilidad en cuanto a los recursos que van a recibir las universidades».
Por su parte, la Lic. Stella Mimessi, Secretaria General de APUNSa, celebró el apoyo de los legisladores, especialmente los de la provincia de Salta. «La norma es importante porque viene a reparar la pérdida de poder adquisitivo que venimos teniendo los trabajadores y trabajadoras, tanto docentes como nodocentes, de las universidades en general», declaró Mimessi. También hizo hincapié en la necesidad de paritarias libres, sosteniendo que «esta situación de restituir los salarios o de recomponer los salarios o de ajustar los salarios al contexto inflacionario que tenemos, se tiene que resolver en una paritaria».
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ha subrayado la crítica situación económica de los trabajadores universitarios, cuyos salarios se ven severamente afectados por la alta inflación. Paralelamente, se ha alertado sobre el preocupante estado de la ciencia en Argentina tras los primeros meses de la actual gestión gubernamental.
Ante ese contexto, la iniciativa legislativa no solo contempla la actualización de partidas presupuestarias y la recomposición salarial según los índices del INDEC, sino que también prevé un incremento en el presupuesto para el funcionamiento de las universidades y el refuerzo de becas estudiantiles. La comunidad universitaria permanece atenta, esperando que esta ley marque un punto de inflexión en el financiamiento de la educación superior pública en Argentina, mientras se prepara para defender su implementación ante la amenaza de un posible veto presidencial.
