La mujer boliviana estuvo casi un año en prisión y fue autorizada a salir para ver a su hijo agonizante que finalmente falleció. Claudia relató su historia desde Bolivia. “¿Usted sabe lo que es la desesperación?”, le preguntó a su entrevistadora.
La entrevista fue realizada por la periodista Irina Hauser quien publicó la nota en la edición de hoy del diario Página 12. Allí reconstruyó la historia de Suárez Eguez que dio un giro drástico el 24 de octubre del 2017 cuando la Gendarmería detuvo al remís en el que viajaba desde la frontera hacia boliviana a Buenos Aires con un kilo de cocaína finalmente descubierta por los perros entrenados.
Ella intentó explicarles a los agentes que su intención final era conseguir dinero para pagar la quimioterapia de su hijo de 13 años, aunque el relato le resultó inverosímil a los gendarmes. “Una por sus hijos hace todo. Yo lo hice porque necesitaba el dinero y me ofrecían 700 dólares ¿Usted sabe lo que es la desesperación?”, le pregunto la mujer a la periodista desde la ciudad boliviana de Montero, departamento de Santa Cruz.
Claudia logró un permiso por treinta días para viajar a su país cuando la vida de su hijo Fernando pendía de un hilo. Cuando llegó a su hogar pudo abrazarse con Fernando que finalmente falleció a los seis días del encuentro. La semana pasada el juez federal de Salta, Ernesto Hansen, le concedió la excarcelación. Seguirá en juicio, pero estará en su casa, con sus otras tres hijas, entre ellas una beba que nació mientras estaba detenida en el penal de Güemes, en Salta.
Claudia se había enterado apenas unas semanas antes de partir desde Montero en micro, que Fernando tenía cáncer. Era un tumor en su pierna derecha que crecía sin pausa y requería quimioterapia urgente en un país donde no hay tratamientos gratuitos. “Yo trabajaba como empleada doméstica y como ayudante de cocina; también hacía cotillón en canastas para cumpleaños y centros de mesa. Cuando mi hijo enfermó y tenía que llevarlo todo el tiempo al hospital, ya no podía hacer nada. Sólo preparaba picante los viernes y con eso pagaba los medicamentos, pero no me alcanzaba. Tuve que tomar esa decisión. Un kilo nomás llevaba (de cocaína) pero salieron mal las cosas, y ya no pude estar con mis hijos. Yo sabía lo que iba a hacer, aunque no conocía a nadie que lo hubiera hecho, pero así iba a poder seguir pagando los gastos de mi hijo y la comida, era lo que me importaba”, explica, acongojada.
Cuando empieza a hablar del instante en que la descubren agentes del Escuadrón 60 “San Pedro” de Gendarmería en la ruta 34, se frena. Está a punto de quebrarse, pero sus hijas revolotean cerca suyo. “Fue algo muy doloroso para mí. Sólo se me venía a la mente la carita de mi hijito cuando lo dejé en la casa, por eso no quiero recordar”, se disculpa.
El relató de Claudia no sólo fue desoído por la gendarmería, sino también por la resolución de la Cámara Federal de Salta que con fecha 10 de octubre dijo lo siguiente: “el mal que supuestamente quería evitar” cometiendo un delito “sólo se apoya en sus propios dichos y en los certificados médicos que en copia simple aportó la defensa, los que por sí solos no constituyen elementos probatorios suficientes”. Para el tribunal, no estaba demostrado que la mujer “no tuviera otra opción que incurrir en un delito para salvar otro bien jurídico prevalente”, la vida de su hijo. Como broche los jueces señalaron: “no resulta creíble que una persona que supuestamente se encuentra coaccionada por la situación económica y la necesidad de afrontar los gastos de la enfermedad de un hijo y que la llevaron a incurrir en un delito, tenga sus condiciones mentales y espirituales para establecer y coordinar un viaje de esas características”. Agregaban que pudieron constatar que Fernando estaba al cuidado de su abuela y que tres hermanos de Claudia tenían trabajo como ladrilleros y mototaxistas, lo que les parecía suficiente.
En los tribunales de Salta y Jujuy el caso adquiría ribetes de escándalo y el periodista Fernando Soriano hizo pública la situación en el portal Infobae. La propia Claudia había presentado un reclamo escrito a mano ante la Cámara y llegaban informes médicos con un pronóstico dramático. Recién entonces el juez de primera instancia la autorizó a viajar por 30 días a ver a su hijo. Poco tiempo antes ella había constatado por las noticias que recibía de su familia que el temor a que su hijo discontinuara el tratamiento había sido fundado. “Eso fue lo que pasó, durante tres meses no hizo la quimioterapia, y por eso la enfermedad avanzó tanto y llegaron a amputarle una pierna. ¿Qué podía hacer yo encerrada? Sólo quería hablar con él y era muy difícil. Cuando lo lograba, él me decía que estaba bien, no me hablaba de sus dolores. Me daba ánimo él a mí, no quería que yo estuviera mal. Tampoco me decía nada mi familia. Ni nadie podía visitarme porque no tenían recursos”.
Claudia también hablo de su vida en el penal de Güemes en nuestra provincia donde conoció a muchas mujeres detenidas por el mismo delito que ella. Las famosas “mulas”, como se las llama; algunas incluso portadoras de la droga en forma de cápsulas (ingeridas) dentro de su propio cuerpo. “Donde estuve presa en Salta, algunas mujeres decían que era la segunda vez que las detenían por lo mismo. Varias eran bolivianas. Como para mí era la primera vez, yo estaba muy asustada. Hablábamos entre nosotras, pero no hice amistad con ellas. Tampoco imaginé que iba a ser tanto el tiempo que pasaría en la cárcel, aunque el defensor me lo advirtió. Yo le pedía a él que por favor me ayude. Pero también le pedía a Dios que me hiciera el milagro de poder ver a mi hijo. Soy creyente y eso me ayudó”, cuenta Claudia.
Durante su cautiverio, Claudia imploraba que le creyeran. También pedía ir al médico, porque estaba embarazada, y de hecho dio a luz estando presa a Sheila Jazmín, que ahora tiene cinco meses. Con la beba se subió a un micro de larga distancia en cuanto el juez Hansen -el mismo que la había procesado con prisión preventiva– la autorizó a viajar por un mes para estar con Fernando, en los que posiblemente fueran sus últimos días. “Estaba feliz y también triste. Me dolía verlo en el estado que estaba. Y a la vez me daba felicidad estar aunque fueran los últimos días. El me esperó. Sólo Dios sabe por qué pasan estas cosas”, suspira.
Claudia está aliviada, ahora, con la noticia de su excarcelación, siente que “se hizo justicia”. “Pero ya no quiero recordar, quiero seguir adelante, trabajar y estar con mis hijas”, enfatiza. Su defensor, Reynoso, pidió ahora su sobreseimiento. En un escrito de 14 páginas resaltó que “las mujeres que incursionan en el delito de contrabando de estupefacientes suelen ser víctimas de profundas condiciones de pobreza y vulnerabilidad y han señalado que se dan motivos económicos concretos como la necesidad de pago de tratamientos médicos para un miembro de la familia.
También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó este vínculo entre pobreza, género y delitos de droga: “la pobreza, la falta de oportunidades, las barreras al acceso a la educación ponen a mujeres y niñas en situaciones vulnerables y hacen de ellas objetivos fáciles de la delincuencia organizada. De hecho, las mujeres con bajos niveles socioeconómicos y educativos figuran entre las personas de mayor riesgo de ser utilizadas para participar en operaciones delictivas como victimarias o como traficantes”.
Reynoso señaló, además, que después del fallecimiento de Fernando, el Estado boliviano reconoció la falta de oportunidades que tuvo Claudia, lo que la ponía en una especie de callejón sin salida cuando la vida de su hijo corría peligro palpable. Además sostuvo que una suerte de “estereotipo de criminalización” cayó sobre ella, igual que sucede con otras mujeres, por su “género, clase y localización geográfica”. “No valorar cómo la historia personal signada –subrayó el defensor– por un contexto de desigualdad estructural, ha determinado la elección de la Sra. Suárez Eguez, implica una práctica discriminatoria, bajo el velo de una supuesta neutralidad”. La Procuración penitenciaria planteó –y ahora habrá que esperar respuesta judicial– que las crueles circunstancias vividas por Claudia, con su detención y la muerte de su hijo, deberían ser consideradas “una pena natural”.
