El letrado cobró notoriedad por ser el defensor de la mujer detenida por traficar un kilo de cocaína para pagar la quimioterapia de su hijo. El caso puede convertirse en bisagra para un fenómeno que desnuda la relación pobreza, género y narcotráfico.
Quien entrevistó a Reynoso fue la periodista de Página 12 Irina Hauser, quien lo presentó como defensor público en Jujuy ante los tribunales federales; cargo que también ocupó en Orán, Salta. La periodista le consultó si el caso de Claudia Suárez Eguez puede ser una bisagra para ese tipo de casos.
“¿La actual ley de estupefacientes está pensada para este tipo de casos?” indagó la periodista y la respuesta de Reynoso fue la siguiente: “Estos casos de los que hablamos son personas que cometen acciones que caen dentro de la ley actual, aunque se supone que está pensada para los grandes narcotraficantes, no para los eslabones chiquitos. Pero tenemos muchas personas que nos cuentan: ´yo le dije al gendarme que me hice un viaje de 400 o 500 kilómetros y no sé a quién se la tengo que dar (la droga), y le digo por qué no me deja terminar el circuito y me acompaña para poder determinar quién es el dueño, que claramente no soy yo, pero eso en ningún caso se hace´. El sistema apunta a agarrar a las personas que transportan y no son dueñas de la droga, pero no buscan al eslabón que tenga mayor jerarquía. No le dan intervención ni al fiscal ni al juez. Esto puede estar organizado en el estado plurinacional o bien en el lugar de recepción. Pero el que lleva, no tiene más injerencia que esa. Alguien le saca una foto en Bolivia y una persona que está con esa foto la está esperando quizá en Liniers. Igual después pretenden que dé información. ¿Qué información va a dar si realmente no la tiene?
–¿Cómo fue con Claudia? ¿Les contó de entrada su situación?
–Apenas fue detenida contó todo. Le dijo a los gendarmes que su hijo había sido diagnosticado con cáncer y que en Bolivia ese tratamiento se paga. «Si no pago el tratamiento mi hijo se va a morir», les dijo. Recién había sido diagnosticado. Ella sostuvo eso ante cada situación en la que tuvo que defenderse. Nosotros con toda esta complejidad, empezamos con la médica y los familiares a conseguir algo. Era un diagnóstico reciente y había empezado por medio de una fundación a poder financiar una parte del tratamiento. Pero otra la tenía que aportar ella. Ahí es cuando se viene y deja a su hijo a cargo de la abuela, sin recursos. En marzo, Claudia tenía una información algo distorsionada por parte de los parientes que querían que no se preocupara y los hijos creían que estaba trabajando. La médica se comunica con nosotros nos da una línea de tiempo: Fernando empezó tratamiento, lo abandonó y volvió a la clínica con el cáncer avanzado y le amputan la pierna. Les planteamos a los jueces que estábamos ante un estado de necesidad justificante o exculpante. Pero los jueces no dieron crédito.
–El fallo de Cámara dice expresamente que no le creen.
–Es un fallo inentendible, desde lo que se resuelve, lo técnico. Dicen que los certificados no sirven porque son copia simple y luego solo están los dichos de la mujer. Aquí se visualiza esta concepción de que cualquier persona es capaz de decir que el hijo se está por morir (para salir de la cárcel). Deberíamos bajar los estándares. Si hoy hay que probar todo con copia certificada y un acta notarial, es reducida la población que puede llegar a ese nivel de prueba.
–¿Con cuantas historias similares se encuentra cada mes?
–Hay meses que de cuarenta causas que ingresan, treinta son situaciones muy complejas de personas que vienen de un sector muy empobrecido de Bolivia, por lo general mujeres, con educación muy básica, madres que dejan hijos chiquitos allá.
–¿Advierte un trato diferencial hacia las mujeres?
–Lo advierto hacia los extranjeros. Lo que hay con las mujeres es una crítica: cómo va a dejar a los hijos, cómo no busca ayuda o no tiene ayuda del padre. Se le imponen roles desde una mirada machista.
–¿La excarcelación de Claudia es excepción?
–Es un caso excepcional. Es la primera vez que veo la excarcelación de un delito como éste. Se ha involucrado finalmente el estado plurinacional en la situación concreta y ha generado, no sé si en voz alta, un diseño de políticas públicas para la efectivización del derecho a la salud. Esa intervención no la teníamos. No contábamos con eso ni para recibir un certificado de nacimiento.
