Claudio del Pla dijo que al responsabilizar a una funcionaria de menor rango no se busca a los responsables políticos.
Con la imputación de una funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social por la muerte de un niño wichí de Santa Victoria Este el hilo se sigue cortando por lo más fino. Pareciera que la acusación de trabajadores y trabajadoras de menor rango es una política de Estado que se repite en las distintas gestiones del gobierno de la provincia, con Urtubey o con Sáenz.
En 2015 sucedió con el Caso Thiago: varias funcionarias del gobierno de la provincia fueron acuasadas y luego condenadas por la muerte de un menor de edad a pesar de que esas mismas trabajadoras habían advertido que las condiciones laborales eran precarias y anunciaban un posible deceso. En aquel momento no hubo acusaciones para ministros o secretarios. Hoy tampoco.
Ahora sucede algo similar, la funcionaria acusada por la muerte del menor wichí comenzó sus funciones en diciembre y fue imputada por la comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en grado de autora.
Para el diputado provincial Claudio Del Pla, la imputación busca «tirar la pelota afuera» y no investigar las responsabilidades políticas de la pobreza estructural en la provincia.
En FM Aries, Del Pla dijo que los avances de la investigación a cargo del fiscal de Tartagal, Pablo Cabot, son una «manifestación grotesca», como la causa que se abrió contra un miembro de la comunidad para hacerlo responsable de la salud de su hijo.
